Apesar de los avances legislativos y la creación de organismos de género, la provincia mantiene índices alarmantes de violencia extrema. El reciente asesinato de Jessica Mercado en el barrio Francisco I, tras haber radicado diez denuncias contra su agresor, expone la grieta mortal entre la ley y la protección real de las riojanas.
En las últimas dos décadas, La Rioja ha transitado un camino sinuoso en la lucha contra la violencia de género. Según registros de organizaciones civiles como La Casa del Encuentro y datos oficiales de la Corte Suprema, la provincia ha sumado decenas de nombres a una lista negra que no se detiene. Solo entre 2015 y 2021, se contabilizaron 13 femicidios directos, una cifra que, aunque parezca menor en términos absolutos respecto a grandes urbes, coloca a la provincia en situaciones críticas cuando se analiza la tasa por cada 100.000 habitantes, superando en varios periodos la media nacional.
El análisis retrospectivo revela que el hogar sigue siendo el lugar más peligroso para las riojanas. En más del 60% de los casos históricos, el femicida fue la pareja o ex pareja, utilizando armas blancas o golpes como principales modalidades. Esta estadística refleja una cultura de violencia doméstica que las instituciones no han logrado desarticular, a pesar del aumento en las consultas a la Secretaría de la Mujer y Diversidad, que en años recientes llegó a registrar picos de más de 1.100 admisiones anuales.
Sin embargo, el dato más crudo es la desprotección estatal. Durante los últimos 20 años, una constante se repite en los expedientes: las víctimas intentaron salvarse a través de la vía judicial. Se estima que, a nivel nacional y provincial, al menos el 20% de las víctimas de femicidio tenían denuncias previas o medidas cautelares vigentes que resultaron ser simples papeles sin fuerza de protección ante la voluntad del agresor.
El caso de Jessica Mercado, ocurrido este mes en el barrio Francisco I, es la personificación de este fracaso sistémico. Jessica, de 34 años, fue degollada con un cuchillo tipo carnicero en su propia cama. Sus tres hijos, de 11, 9 y 3 años, fueron quienes tuvieron que correr a pedir auxilio a los vecinos tras presenciar la escena. El agresor, su expareja, se quitó la vida tras el ataque.
Lo que convierte este hecho en un escándalo institucional es el antecedente: Jessica había denunciado a su victimario en 10 oportunidades. El hombre incluso tenía una condena previa de diciembre de 2025 por violencia de género y había utilizado una tobillera electrónica, dispositivo que le fue retirado poco antes del crimen al “cumplirse los plazos”.
La muerte de Jessica no fue un rayo en un cielo despejado; fue el final anunciado de un derrotero de violencia que el Estado riojano no supo —o no quiso— frenar. Diez denuncias no bastaron para que la justicia garantizara su vida. Hoy, sus tres hijos se suman a la larga lista de víctimas colaterales que el sistema prefiere contar en estadísticas antes que proteger en la realidad.
La recurrencia de estos hechos en barrios periféricos como el Francisco I pone de relieve la falta de recursos territoriales. A menudo, las medidas de protección se limitan a una restricción perimetral que nadie controla, dejando a la mujer a merced de un agresor que ya ha decidido cruzar la última frontera.
El periodismo local ha cubierto durante 20 años los rostros de Romina, de Deolinda, de tantas otras que hoy son banderas en las marchas del #NiUnaMenos. Pero el caso de Jessica marca un punto de inflexión por la saña y la evidencia de una burocracia que asfixia el pedido de auxilio antes de que el femicida asfixie a la víctima.
Resulta imperativo que la provincia revise no solo sus protocolos, sino la ejecución de los mismos. La pregunta que resuena en las calles de La Rioja es cuántas denuncias más necesita un juez para entender que una vida corre peligro inminente. Jessica hizo todo lo que el manual de “buena víctima” indica: denunció, esperó y confió. El Estado, simplemente, la dejó sola.
Hoy, la investigación bajo la carátula de “femicidio seguido de suicidio” cerrará el expediente penal, pero la deuda social y política con las mujeres riojanas sigue abierta y sangrando en cada rincón de la provincia.