La Cámara Federal porteña resolvió apartar al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz como querellantes en la causa que investiga la administración de los fondos del fideicomiso vial SisVial durante la gestión de Javier Milei.

La decisión fue tomada por los camaristas Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, quienes hicieron lugar a una apelación del fiscal federal Carlos Stornelli. El funcionario judicial había sostenido que la denuncia debía desestimarse por inexistencia de delito.

Además de revocar la admisión de ambos dirigentes como querellantes, la Cámara ordenó suspender las medidas de prueba que había dispuesto el juez federal Ariel Lijo, al menos hasta que la resolución quede firme.

Por qué apartaron a Quintela de la causa

En su presentación, el gobernador riojano había señalado las consecuencias económicas, productivas, institucionales y sociales que la falta de obras en rutas nacionales genera para la provincia.

Sin embargo, los jueces consideraron que esos argumentos no acreditan un perjuicio directo que habilite a la administración provincial a intervenir como parte querellante.

El fallo sostuvo que el artículo 82 del Código Procesal Penal de la Nación exige que quien pretenda asumir ese rol haya sufrido un daño real, especial, singular y directo como consecuencia del delito investigado.
En ese sentido, la Cámara indicó que el hecho de que varias rutas nacionales atraviesen el territorio riojano no convierte automáticamente al Gobierno provincial en damnificado directo por el manejo de fondos que se encuentran bajo jurisdicción nacional.
También señaló que los decretos y la resolución mencionados en la denuncia no contienen una referencia específica a La Rioja.

Qué pasó con la presentación de Tolosa Paz

Respecto de la diputada Victoria Tolosa Paz, el tribunal consideró que su condición de denunciante, legisladora nacional y usuaria de las rutas 3 y 5 tampoco demuestra una afectación individual derivada de los hechos investigados.
Según los camaristas, el interés en que se investigue un posible delito de acción pública no es suficiente para obtener la condición de querellante. En esos casos, la representación del interés general de la sociedad corresponde al Ministerio Público Fiscal.

También suspendieron las medidas de prueba

La resolución dejó en suspenso los pedidos de información que el juez Ariel Lijo había ordenado a partir de los planteos de las querellas.
Las medidas estaban dirigidas al Ministerio de Economía, la Dirección Nacional de Vialidad, la Jefatura de Gabinete, la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación. Buscaban reconstruir el destino de los recursos del fideicomiso y conocer la situación de distintas obras viales.
Entre los tramos incluidos figuraban las rutas nacionales 3 y 5, en la provincia de Buenos Aires, y las rutas 73, 75 y 76, en La Rioja.
La Cámara entendió que esas diligencias habían sido dispuestas a pedido de Tolosa Paz y Quintela, sin un requerimiento fiscal que impulsara la acción penal. Por ese motivo, ordenó suspenderlas hasta que su decisión quede firme.
El fallo se da en el marco de una investigación sobre la administración de los recursos del fondo creado por el decreto 976/01 y la ejecución de obras en rutas nacionales.