La jornada contó con la presencia de una referente nacional en la temática y tuvo como eje central la aplicación de la Educación Sexual Integral (ESI) como estrategia de prevención.
Martínez destacó que La Rioja es una de las pocas provincias que implementa la ESI como política de Estado transversal en todo el sistema educativo. “Es una pedagogía del cuidado y un espacio de reflexión y acompañamiento a nuestras juventudes. Lo que ocurre en las escuelas también sucede en la sociedad, y por eso trabajamos con todas las instituciones y niveles para garantizar derechos”, señaló.

Consultado por los recientes casos de hostigamiento escolar, el ministro explicó que el Ministerio activó protocolos y brindó asistencia a las familias, estudiantes y docentes involucrados. “No se trata solo de medidas disciplinarias. Es un proceso de acompañamiento y resguardo, con intervenciones profesionales y articulación con Desarrollo Social y otras áreas del gobierno”, afirmó.
Martínez reconoció la importancia de la participación estudiantil en estos reclamos: “Que los chicos puedan expresarse forma parte de la estrategia. Es necesario construir consensos y disensos para restituir la convivencia escolar. Desde el primer momento se actuó, pero también hay que entender que son procesos colectivos y de largo plazo”.
Sobre el rol de las familias, el ministro subrayó que la corresponsabilidad es clave. “La escuela sola no puede. Es un trabajo conjunto entre docentes, estudiantes, tutores y padres. Solo así se puede garantizar que la restitución de la convivencia escolar trascienda a la sociedad”, expresó.
En relación al reciente hecho ocurrido en el colegio 408, Martínez indicó que la activación del protocolo involucra tanto a la cartera educativa como a la justicia. “Cada intervención está enmarcada en un procedimiento público y normativo, donde se informa y se trabaja con la institución directamente”, sostuvo.
Finalmente, el funcionario adelantó que desde el Ministerio se trabaja junto a la Justicia Electoral y al área de Infraestructura para garantizar que las instituciones educativas estén en condiciones de funcionar como lugares de votación en los próximos comicios.