La reforma de la Ley de Glaciares comenzó a debatirse este miércoles en la Cámara de Diputados en un clima de fuerte tensión política, con una audiencia pública atravesada por una participación masiva. El tratamiento se inició en un plenario de comisiones y forma parte del impulso del oficialismo para avanzar con una iniciativa que ya cuenta con media sanción del Senado.

La reunión fue encabezada por los diputados de La Libertad Avanza, José Peluc y Nicolás Mayoraz, titulares de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales. La convocatoria superó los 100 mil inscriptos, un número inédito que obligó a implementar un esquema mixto de participación. Solo una parte pudo exponer de manera presencial u oral, mientras que el resto fue habilitado a enviar intervenciones en formato escrito o audiovisual.

Desde la organización explicaron que la limitación en las exposiciones respondió a una cuestión estrictamente operativa y de tiempo: la magnitud de inscriptos hacía inviable que todos pudieran intervenir en vivo sin extender el debate durante semanas con lo cual se decidió definir la participación de unos 200 oradores, de los cuales 100 lo hicieron el miércoles de forma presencial, otros 100 podrán exponer el jueves en el sistema remoto y el resto tendrá que hacerlo a través de una plataforma con el envío de un escrito o un video. Sin embargo, ese criterio fue cuestionado por sectores de la oposición, que denunciaron restricciones a la participación ciudadana y reclamaron mayores plazos para garantizar un debate más amplio.

El proyecto en discusión propone modificar el esquema actual de protección de glaciares y del ambiente periglacial, otorgando a las provincias mayor capacidad de decisión sobre las zonas donde podrían desarrollarse actividades productivas, especialmente mineras. Desde el Gobierno aseguran que la iniciativa apunta a compatibilizar el desarrollo económico con el cuidado ambiental.

No obstante, las críticas advierten sobre un posible retroceso en la protección de reservas estratégicas de agua. Las posturas provinciales evidenciaron este contraste: mientras desde La Pampa alertaron por el impacto en las cuencas hídricas, desde San Juan defendieron la minería como motor clave del desarrollo.

En este contexto, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, confirmó que el oficialismo buscará aprobar la reforma tras Semana Santa y detalló el cronograma previsto: el lunes 6 de abril se realizará una jornada informativa, el martes 7 se firmará el dictamen de comisión y el miércoles 8 de abril se llevará a cabo la sesión en el recinto para su tratamiento definitivo.

UOCRA marchó a favor de la ley

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) realizó una masiva movilización en las inmediaciones del Congreso de la Nación para subrayar la importancia que la actividad minera tiene en la generación de empleo en distintas provincias del país.
Durante la jornada, el gremio remarcó que la continuidad y el desarrollo de los proyectos mineros representan alrededor de 17.000 puestos de trabajo en el sector de la construcción, muchos de ellos en regiones cordilleranas y patagónicas donde las opciones laborales son más limitadas.
Referentes de UOCRA destacaron la necesidad de promover una minería que combine desarrollo productivo con responsabilidad ambiental.
Desde UOCRA señalaron que la actividad minera constituye una fuente clave de empleo formal, capacitación y oportunidades para miles de familias, y solicitaron que en el debate legislativo se tome en cuenta el impacto social y laboral que esta industria tiene en las economías regionales.