El magistrado recordó que la causa se inició en 2016, a partir de una denuncia de PROCELAC, el organismo de la Procuración Fiscal especializado en delitos económicos. La presentación se realizó luego de que el Banco Rioja emitiera lo que se conoce como “alerta tipo 2” en la que se reportan operaciones sospechosas vinculadas a movimientos financieros inusuales.
A partir de la alerta bancaria, el fiscal Carlos Gonella elaboró un informe y presentó la denuncia formal ante la Justicia Federal y, con ese requerimiento, se abrió la investigación sobre numerosas ONGs y fundaciones que, según las observaciones del banco estatal, extraían sumas importantes de dinero en efectivo por ventanilla, lo que llamó la atención de la entidad.
El juez Piedrabuena detalló que la indagatoria inicial no pudo avanzar porque el requerimiento fiscal “no reunía las condiciones necesarias”: “Una acusación no puede ser imprecisa. Debe establecer modo, tiempo y lugar. En este caso, esos requisitos no estaban cumplidos, y por eso declaré la nulidad y pedí al fiscal que ampliara la fundamentación”, indicó. De ahí, se explica la demora de casi 10 años de la causa.
Según explicó, el expediente revela un patrón que ya observó en otros casos: la captación de vecinos para integrar ONG sin conocer realmente los fines o maniobras detrás de su conformación.
Muchas personas aparecen en actas constitutivas sin haber tenido participación en hechos ilícitos. Fueron convocadas para integrar organizaciones con fines supuestamente solidarios, pero que luego fueron utilizadas para maniobras con dinero público
Juez Federal de La Rioja, Daniel Herrera Piedrabuena
Ante la consulta sobre el monto total presuntamente comprometido, el magistrado señaló que aún no hay una cifra final, especialmente por el tiempo transcurrido. “Vamos a pedir peritos de la Corte para que determinen el impacto económico actualizado. Son muchísimas sumas que deben verificarse y actualizarse”, indicó.
Además, Herrera Piedrabuena detalló que la investigación incluye la trazabilidad de los fondos: desde el entonces Ministerio de Obras Públicas de la Nación, hasta su distribución a la provincia, su derivación al Ministerio de Infraestructura y, finalmente, la asignación a empresas u organizaciones mediante convenios.
Por último, indicó que, de ser necesario, se citarán a quienes se desempeñaban en ese momento como autoridades de los organismos señaladas en el caso.
Fuente: La Red La Rioja