La industria vitivinícola nacional dio un paso decisivo en el proceso de reconfiguración institucional abierto tras las recientes medidas de desregulación. En Mendoza finalizó el primero de varios encuentros previstos entre funcionarios nacionales, gobiernos provinciales y representantes del sector productivo, en un ámbito que fue calificado como “muy bueno” y que marcó el inicio de un nuevo paradigma basado en eficiencia, transparencia y control inteligente.
El encuentro estuvo encabezado por Mario González, presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR); Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado; Martín Fernández de la Secretaría de Agricultura de la Nación; Carlos Tizio, presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV); Rodolfo Vargas Arizu, ministro de Producción de Mendoza; y Gustavo Fernández, ministro de Producción de San Juan.
La participación del 95% de la industria vitivinícola del país le dio al espacio un carácter inédito y anticipó un cambio de época para toda la cadena.
González destacó un elemento poco habitual en este tipo de mesas: la total ausencia de conflictos internos. “La industria hace mucho que no sucede eso, que no hay discusiones internas en nada”, afirmó, subrayando que prácticamente la totalidad del sector productivo compartió una postura común frente a los funcionarios nacionales y provinciales.
Una agenda basada en desburocratización y eficiencia
El principal eje de consenso fue la necesidad de avanzar hacia una profunda desregulación que permita dinamizar procesos, reducir costos de cumplimiento y mejorar la competitividad del sector privado. “Vemos beneficioso la desburocratización, la modernización y la agilización de cualquier proceso que favorezca al sector privado”, señaló González al resumir la postura mayoritaria.
Esta agenda apunta a modernizar procedimientos, simplificar trámites y fortalecer un entorno de negocios más ágil y competitivo a nivel global, sin resignar calidad ni control.
La trazabilidad, en el centro del debate
El punto más sensible del encuentro fue la discusión sobre la Declaración de Ingreso de Uva, que el Gobierno nacional propone mantener como optativa, pero que la industria exige volver obligatoria a partir de enero.
Para los productores y bodegas, este documento permite registrar datos esenciales —el varietal, la procedencia y el contenido de azúcar— y se convierte en una herramienta clave para garantizar credibilidad y transparencia en toda la cadena, especialmente en defensa del productor primario.
La industria advirtió además que un esquema optativo podría abrir la puerta a maniobras fraudulentas y generar competencia desleal. “Quien decidiera no usarla podría generar problemas o competencia desleal frente a quienes cumplen la norma”, plantearon.
La trazabilidad se completa con la combinación entre la Declaración de Ingreso y la Declaración Final de Elaboración, que informa los litros de vino o mosto descubado. Juntas permiten reconstruir con precisión el circuito productivo y resultan indispensables para preservar la calidad del vino argentino.
Diálogo abierto y continuidad la próxima semana
Si bien inicialmente el ministro Sturzenegger mostró reparos respecto de la obligatoriedad del sistema, los argumentos técnicos expuestos por la industria derivaron en un espacio de trabajo conjunto. El encuentro concluyó con el compromiso de continuar la discusión la próxima semana, un gesto que González consideró “una señal positiva de disposición al diálogo constructivo”.
Este primer paso abre un escenario de colaboración estratégica, transparencia reforzada y rediseño regulatorio, que podría marcar un punto de inflexión para una de las economías regionales más emblemáticas del país.