La investigación judicial por el escándalo del fentanilo contaminado, uno de los casos sanitarios más graves de los últimos años en el país, sumó en las últimas horas un capítulo con impacto en La Rioja.
Según pudo confirmar NUEVA RIOJA, el juez de Instrucción en lo Criminal y Correccional N°2 de la ciudad capital, Héctor Daniel Barría, envió un exhorto a la Justicia federal para que sean puestos a disposición de su juzgado directivos vinculados a los laboratorios involucrados en la causa nacional.
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el pedido fue dirigido al juzgado federal que investiga el caso, a cargo del magistrado Ernesto Kreplak, y alcanza a Ariel Fernando, Damián Roberto y Diego Hernán García Furfaro, vinculados a las firmas farmacéuticas bajo investigación.
La solicitud de la Justicia riojana se enmarca en una causa por presunta defraudación en la calidad de las cosas entregadas, vinculada a denuncias realizadas por el representante legal de la droguería Origim SRL, con domicilio en la provincia.
La causa nacional
La causa por las muertes por fentanilo contaminado tramita en la Justicia Federal y está centrado en la distribución de partidas de fentanilo contaminado, un potente opioide de uso hospitalario. La investigación judicial determinó hasta ahora 111 muertes y 48 pacientes que sobrevivieron tras haber recibido el medicamento adulterado. En La Rioja, las autoridades sanitarias confirmaron el secuestro de casi 200 ampollas pertenecientes al laboratorio HLB Pharma, pero no se reportaron víctimas.
Las ampollas contaminadas habrían sido elaboradas por HLB Pharma Group y Laboratorios Ramallo, empresas que quedaron bajo la lupa luego de detectarse bacterias en los lotes utilizados en distintos centros de salud del país.
En el marco de esa investigación, el juez Kreplak ordenó nuevas pericias y el análisis de un paquete adicional de historias clínicas para determinar responsabilidades y dimensionar el impacto sanitario del caso.
La causa por el fentanilo contaminado investiga la distribución de medicamentos adulterados que provocaron más de un centenar de muertes en el país y derivó en nuevas actuaciones judiciales, entre ellas un requerimiento de la Justicia riojana a directivos vinculados a los laboratorios investigados.