Así fue como desde el oficialismo se apuntó a la dirigente opositora, Marcela Crabbe, por las movilizaciones de los usuarios en Chilecito y a Juan Amado en  Villa Unión, donde la protesta tuvo menor intensidad que en la Perla del Oeste. También volvió a la palestra comunicacional, Guillermo Galván, todos ellos gravando a la empresa provincial distribuidora de la energía.

Y sirvió de pie para que Beder volviera a cargar contra la política que lleva adelante Sergio Casas  y no trepidó en mencionar al ministerio de Infraestructura, donde todavía sigue el ingeniero Velárdez. Beder señaló que el gobierno ha retirado el subsidio a los particulares que consumen más de 450 kv mensuales, a los regantes, etc.. Lo cual fue negado por el presidente de Edelar,  Carlos Fernández, que fue puesto allí por Beder cuando era gobernador.
Específicamente el gobierno salió a sostener que no piensa dejar de pagar a la coordinadora mayorista Cammesa. En ese sentido, en la casa de gobierno recuerdan aún cuando en el 2016, el gobernador Casas se reunió con el entonces ministro Aranguren con quien se planteó la posibilidad de suspender el pago a Cammesa a lo cual el funcionario nacional respondió que le podría ser descontada de la coparticipación. El mismo día replantearon la situación ante el ministro Frigerio, que entonces tenía más influencia que ahora, quien les habría prometido un ATN compensatorio, pero esto nunca ocurrió.
En el ministerio de Infraestructura no sólo se quejan por esto, sino porque la jefatura de Gabinete de la Nación, cambió de destino (tiene la facultad legal de hacerlo) a parte de los 492 millones de pesos que se le habían asignado a La Rioja para construcción de viviendas en el Presupuesto nacional 2019 reduciéndolos a sólo 120 millones. He ahí la explicación del parate de la construcción de viviendas del gobierno.
Ayer un importante grupo de diputados provinciales, con la intendenta de Chilecito, Silvia Gaitán, se reunieron con los jerarcas de Edelar para ver de aportar algún camino de posible salida a esta situación que, de acuerdo a la empresa, es el resultado de la acumulación de un 3100 por ciento de aumento desde 2016 y un 85% desde junio del año pasado. Se acordó que se van a cobrar todas las boletas (se dice que el 80 por ciento no supera los tres mil pesos) y se haría un plan de pago a aquellas "pesadas" aunque con una tasa de interés subsidiada por el gobierno. Casas siguió de cerca la conversación vía celular y hoy estaría viajando a Tucumán, donde se espera concretar un cónclave de gobernadores justicialistas para tratar precisamente la cuestión tarifaria de servicios y combustibles.
Lo cierto es que el incremento en la boleta tomó de sorpresa a muchísimos consumidores, con la sospecha además, de que los consumos no se toman realmente, sino que se haría un estimativo, lo cual también fue atizado por Beder. Esto podría haber estado subsanado desde hace muchos años si se hubiese sancionado un proyecto de ley que establecía una tarjeta de registro en cada medidor ?como existe en otras provincias y otros países- donde el operario que toma el consumo, anota la fecha, hora, cantidad de kv y firma, cada mes.
Pero en la oposición pura (léase radicalismo) existe la profunda sospecha que el enfrentamiento Beder-gobierno provincial, especialmente Casas, sea una puesta en escena y esconda un acuerdo no escrito ni formalizado, buscando polarizar la opinión pública entre dos sectores del justicialismo oficialista: bederismo y casismo. Polarización que ya le ha dado buenos resultados al peronismo vernáculo como cuando fue la elección de gobernador en el 2015 y en elecciones anteriores también.
Otra cuestión que puso sobre el tapete la relación Nación-Provincia fue la desaparición de ¡1200 caños! por un valor de 70 millones de pesos, que iban a ser destinados al gasoducto Casa de Piedra-Chamical y cuyo robo flagrante y a la vista de todos (autoridades incluidas) fue detectado por la oposición. Por cada camión se cargan alrededor de 36 caños, lo cual hay que hacerlo con una pala cargadora porque a mano es imposible. Pero hasta ahora nadie vio nada. El dueño de la empresa que iba a hacer el gasoducto pareció más preocupado en acusar a la Nación por la no concreción de la obra, que por saber quién y cómo se evaporaron los caños. Tal vez el plan de seguridad debió incluir, por lo menos, un helicóptero y varios drones.