La situación de la firma llegó a la Justicia por una denuncia de los propios empleados por el pago de salarios adeudados y por las indemnizaciones que aún no fueron pagadas por parte de los dueños.

El expediente recayó en el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo de Cuarta Nominación a cargo de la jueza Silvina Andrea Fullana, quien ordenó la medida.

La semana pasada, el ministro de Industria, Comercio y Empleo, Sebastián Caria, se había referido a la posibilidad de que se le trabe un embargo a la empresa para que su titular responda por los créditos que le otorgó el Gobierno. Dicha posibilidad había surgido de una propuesta legislativa por parte de la oposición. En este sentido, el ministro aclaró la situación acerca de las maquinarias. “Las máquinas son propiedad de Carlos Vilariño y no se pueden ejecutar como garantía de los préstamos. Hay muchas cosas para afinar y veremos cómo avanzar con ese tema. En principio, no lo podemos reclamar como plantea la oposición a través de CAPRESCA. Esas cuestiones se están resolviendo por otras vías, ellos saben cómo trabajar”, dijo el ministro.