La Justicia de La Rioja condenó a Claudio Aníbal Lamas a 18 años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y la convivencia preexistente, en perjuicio de una adolescente. La sentencia fue dada a conocer este miércoles 4 de noviembre por la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción Judicial.

El Tribunal estuvo integrado por su presidenta, la jueza Sara López Douglas, junto a los vocales Karina Cabral y Gustavo Díaz.
De acuerdo con lo establecido en la sentencia, los hechos ocurrieron durante los años 2022 y 2023 en una vivienda ubicada en la zona este de la ciudad Capital. Los jueces ordenaron que el condenado continúe alojado en el Servicio Penitenciario Provincial.
Además, determinaron que los hechos constituyen violencia contra la mujer en las modalidades sexual y doméstica, así como abuso sexual infantil, en el marco de la legislación vigente y los tratados internacionales de protección de derechos.

Medidas de protección para la adolescente y su madre

Entre las disposiciones, la Cámara resolvió mantener durante el cumplimiento de la condena las restricciones de acercamiento y comunicación de Lamas respecto de la adolescente y su madre.
También estableció que ambas sean informadas sobre las situaciones vinculadas con eventuales beneficios penitenciarios, salidas transitorias y libertad condicional, conforme a la normativa vigente.
En relación con la víctima, se ordenó garantizar un tratamiento psicológico sostenido mediante la intervención de la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia de la Provincia.

Tratamiento para el condenado y otras disposiciones

La sentencia también dispuso que Lamas reciba tratamiento psicológico especializado para agresores sexuales mientras permanezca en prisión, bajo la supervisión del Juzgado de Ejecución Penal.
Por otra parte, los magistrados ordenaron realizar el cómputo de la pena y comunicar la resolución al Registro Nacional de Reincidencia. Una vez que la sentencia quede firme, también deberá notificarse al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.
Finalmente, se dispuso informar lo resuelto a la Secretaría de la Mujer y a la Oficina de Género del Tribunal Superior de Justicia.