A pesar de haber salido airoso de la última sesión en el Senado, donde se consolidó un importante triunfo del Gobierno al lograr por primera vez en su gestión la aprobación del Presupuesto, las tensiones reaparecieron rápidamente por las negociaciones fallidas y las omisiones que presenta la “ley de leyes”.
Gobernadores de distintas provincias y signos políticos endurecieron su postura frente a la Casa Rosada y amenazan con iniciar acciones judiciales por fondos adeudados. Las advertencias se concentran en la coparticipación, las cajas previsionales y los programas recortados.
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció recientemente que avanzará con una presentación judicial por los fondos que la Nación adeuda a la caja previsional provincial.
Torres se sumó así a la ofensiva iniciada días atrás por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien también advirtió que podría recurrir a la Corte Suprema por los recursos de coparticipación que la Ciudad asegura no haber recibido. De acuerdo con estimaciones oficiales, esa deuda rondaría los 6.300 millones de dólares.
El conflicto se extiende a otras provincias como Córdoba, Formosa, Chaco, La Pampa, Misiones, Río Negro y La Rioja, que mantienen reclamos vinculados al fondo compensador del transporte, modificaciones en el impuesto a las Ganancias y la eliminación de transferencias asociadas al incentivo docente.
En agosto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, también recurrió a la Justicia y reclamó la transferencia de $ 1,6 billones para el pago de parte de los haberes de los jubilados bonaerenses.
En el caso de La Rioja, la Corte Suprema habilitó una instancia de conciliación con el Gobierno nacional con el objetivo de alcanzar un acuerdo por los fondos de coparticipación que, según la provincia, le fueron retirados en 1988.
La deuda de Chubut
El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, se reunió con el ministro del Interior, Diego Santilli y volvió a reclamar el pago de una deuda superior a los 51 mil millones de pesos que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) mantiene con la caja previsional provincial desde 2017. Tras el encuentro, el mandatario ratificó que formalizará una presentación ante la Corte Suprema de Justicia.
Torres señaló que se abrió “una instancia de negociación”, aunque aclaró que ello no implica desistir de las acciones judiciales. “No estamos mendigando nada, sino exigiendo lo que les corresponde a todos los chubutenses”, sostuvo.
Pullaro exige por la deuda con provincias
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se sumó a los cuestionamientos al Presupuesto nacional 2026 y advirtió que la asignación de recursos vuelve a relegar al interior del país. El mandatario sostuvo que el proyecto desatiende áreas clave como la infraestructura vial y no contempla las deudas que la Nación mantiene con las provincias.
“Nosotros hubiésemos querido que haya mayor presupuesto para infraestructura vial. Imagínense que lo presupuestado es de alrededor de 360.000 millones de pesos para todo el país, una cifra incluso menor a la que prevé el presupuesto provincial solo para la reparación de rutas en Santa Fe”, expresó Pullaro.
Además, señaló que el proyecto tampoco contempla los compromisos pendientes con su provincia. “Hubiera preferido que se incluyeran las deudas que tiene la Nación con Santa Fe, pero lamentablemente eso no está en este presupuesto”, afirmó.
La Rioja avanza con el reclamo
En el caso de La Rioja, el reclamo por la deuda de fondos por parte de la Nación llegó a la Corte Suprema de Justicia, que dispuso una instancia de conciliación en la que autoridades provinciales y nacionales iniciaron un diálogo con el objetivo de encontrar una salida al conflicto.
Tras la confirmación de esa instancia, el gobernador Ricardo Quintela remarcó que se trata de un reclamo histórico de la provincia. “Este paso no es un gesto aislado: es parte de una lucha que La Rioja viene sosteniendo desde hace muchísimos años, gobierne quien gobierne”, subrayó. Según expresó, el planteo se apoya en la convicción de que “nadie puede quitarnos lo que nos pertenece”.
El reclamo está vinculado a la quita de un punto de coparticipación dispuesta en 1988, un derecho que —según señalaron desde la provincia— fue reconocido por todos los gobiernos nacionales hasta la llegada de la actual gestión de Javier Milei.
De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Hacienda de La Rioja, la deuda acumulada asciende a unos 1.350 millones de dólares.
A pesar del triunfo político que la gestión de Milei se anotó con la sanción del presupuesto, la “ley de leyes” profundizó reclamos históricos vinculados a deudas acumuladas, recortes en transferencias y una distribución de recursos que los gobernadores consideran desfavorable para el interior del país. En ese escenario, la Justicia aparece como un actor clave en la creciente tensión entre la Nación y las provincias.