La Policía de la Provincia realizó este martes cuatro allanamientos simultáneos en la Capital, en el marco de una investigación judicial por presuntos hechos de usura y amenazas.

Como resultado de los procedimientos, fueron detenidas cuatro personas: tres ciudadanos colombianos y una ciudadana argentina, según informó la fuerza de seguridad.

Durante los allanamientos se secuestraron más de $30 millones en efectivo, además de vehículos, una importante cantidad de bienes muebles, dos armas de fuego, documentos y pagarés presuntamente firmados en blanco por distintas personas, junto con otros elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Denuncias por intereses abusivos y amenazas

La investigación se inició a partir de denuncias de personas que manifestaron haber sido víctimas de presuntos préstamos usurarios.
De acuerdo con los testimonios incorporados al expediente, los denunciantes señalaron que los prestamistas les exigían intereses abusivos y que, ante dificultades para afrontar los pagos, se habrían producido situaciones de presión y amenazas.

También denunciaron la retención de bienes de su propiedad como mecanismo para garantizar el cobro de las deudas.

Los elementos secuestrados durante los procedimientos serán analizados por los investigadores para determinar su vinculación con los hechos denunciados y establecer las responsabilidades correspondientes.

Analizan medidas sobre los ciudadanos extranjeros

Desde el Gobierno provincial señalaron que se encuentran articulando los mecanismos legales correspondientes para avanzar ante las autoridades competentes con los trámites vinculados a la situación migratoria de los ciudadanos extranjeros detenidos.

En ese sentido, indicaron que se busca determinar si corresponde solicitar su expulsión del país en caso de que, una vez concluida la investigación y conforme a las decisiones de las autoridades judiciales y migratorias competentes, se acrediten las circunstancias previstas por la legislación vigente.

La causa continúa en investigación y se esperan nuevas medidas para determinar el alcance de la presunta organización y la posible participación de otras personas.