La nueva revuelta ocurrida en la madrugada de
este domingo en la cárcel de Cuenca, en el sur de Ecuador, dejó un
número de muertos y heridos aún no especificado por las autoridades
ecuatorianas, que han movilizado a 800 policías y militares para
recuperar el control de la prisión.
La existencia de cadáveres y de heridos fue confirmada en
un comunicado de la Secretaría de Derechos Humanos, que ha movilizado ataúdes y
ha facilitado atención médica para los heridos y atención psicológica para los
familiares de los presos en los exteriores del centro penitenciario conocido
como El Turi.

De todos modos, de acuerdo a los reportes no oficiales,
se estima que los fallecidos eran al menos 12 hasta la tarde de este
domingo.

Los violentos hechos comenzaron en torno a la 01.30 hora
local (06.30 GMT) en circunstancias aún no esclarecidas por las
autoridades y en medio de detonaciones y disparos, según se pudo escuchar desde
los exteriores de la cárcel en grabaciones difundidas en redes sociales.
A los exteriores de la cárcel se han desplazado los
ministros de Interior, Patricio Carrillo, y de Defensa, Luis Hernández; la
secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, y el director del Servicio
Nacional de Personas Adultas Privadas de Libertad (SNAI), Pablo Ramírez, para
coordinar las acciones de emergencia.
Esta revuelta es parte de la crisis carcelaria que
vive Ecuador desde el año pasado, cuando murieron 316 presos en
violentos enfrentamientos entre bandas rivales que se disputan el control
de los centros penitenciarios.
En la misma prisión de El Turi, a las afueras de
Cuenca, capital de la provincia de Azuay, fueron masacrados 33 presos el 23
de febrero de 2021, la mayoría decapitados y desmembrados en un ataque entre
bandas rivales coordinado simultáneamente en varias cárceles que dejó 78
fallecidos en todo el país.
En un reciente informe, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) emplazó al Estado ecuatoriano a recuperar el
control de sus prisiones y no abusar de la prisión provisional, pues el 40 % de
los más de 36.000 presos que tenía Ecuador a finales de 2021 no
contaba con una sentencia.