La Cámara de Diputados retomará el próximo martes el debate de los proyectos de ley para privatizar Aerolíneas Argentinas, luego de que fracasara meses atrás el intento de incluirlo dentro de la Ley Bases.
Un plenario de las comisiones de Transportes y Presupuesto y Hacienda volverá a la carga el martes a las 11 hs con el plan del Gobierno y de sectores que comparten la cruzada para terminar con la propiedad estatal exclusiva de la aerolínea de bandera.
La intención del Poder Ejecutivo es terminar con la metodología de los “paros salvajes” que dejan a miles de pasajeros varados, con todos los problemas derivados de la reprogramación de los vuelos.
Con la amenaza de privatización, se busca disciplinar a los sindicatos para que moderen sus formas de protesta y también poner coto a sus pretensiones de mejora salarial.
Hay una fuerte resistencia de los gremios de la aeronáutica comercial para que el proyecto prospere, y cuentan con el respaldo de Unión por la Patria, la izquierda y diputados sueltos de distintos bloques minoritarios.
Sin embargo, en principio, el oficialismo contaría con los votos, ya que además de La Libertad Avanza, coinciden en la arremetida privatizadora sus socios del PRO, del MID, la UCR, la Coalición Cívica y una parte importante de Encuentro Federal e Innovación Federal.
Más allá de si logran ese primer objetivo en lo inmediato, la apuesta de fondo es vender los activos de la empresa a operadores privados, en un proceso de adecuación administrativa que demandará al menos varios meses.
Lo ideal para el Gobierno sería avanzar con el proyecto del Poder Ejecutivo, firmado por el presidente Javier Milei, o bien con la iniciativa del diputado ultramacrista Hernán Lombardi, que no establece demasiadas exigencias de control en el proceso de privatización.
El plan B es el proyecto de Juan Manuel López (Coalición Cívica), que apoya buena parte del radicalismo.
Esta iniciativa exige que se respeten las disposiciones incluidas en la ley de Bases para proceder a la privatización, que contempla la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones del Congreso, de la Sindicatura General de la Nación y la Auditoria General de la Nación (AGN).
En la primera reunión informativa ocurrida el 25 de septiembre pasado había estado presente el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, quien defendió la idea de generar un régimen de cielos abiertos y libre competencia.
“El proyecto que hoy se está presentando es en un contexto distinto, del mundo y de la Argentina. Hicimos un trabajo de desregulación de la normativa. No puede ser un lujo volar porque es una necesidad conectarse en nuestro país. Queremos que operen más empresas y así bajar los costos de los pasajes a través de la competitividad”, dijo.
Y agregó que “con la desregulación aérea, que ya empezó a tener sus frutos, los argentinos estamos teniendo más alternativas para volar por el país y a través de toda la región”.
El funcionario argumentó que ya eliminaron “las bandas tarifarias que impedían que se puedan ofrecer tarifas más bajas, quitamos el sistema de audiencias públicas para nuevas rutas, agilizamos la operación de nuevas aerolíneas, reglamentamos la cooperación entre empresas y la operación de aeronaves de menor porte, facilitamos el uso de espacios en aeropuertos que antes copaba Aerolíneas Argentinas. Desregulamos todo el sector para que los argentinos tengamos mayor conectividad”.
“No es un ataque a Aerolíneas Argentinas”, advirtió Mogetta. “Nosotros queremos que Aerolíneas Argentinas compita y con las mismas reglas que funciona para otras aerolíneas. Hoy es una compañía que tuvo que ser asistida en 8 mil millones de dólares por el Estado Argentino. Es mucho dinero que no estamos en condiciones de entregar”, puntualizó.
“Los sindicalistas que dicen defender Aerolíneas Argentinas son los que más la perjudican. Van 9 medidas de paro, por cada medida de fuerza Aerolíneas Argentinas pierde aproximadamente 1 millón y medio de dólares”, remarcó finalmente.

"Este señor fue el que compró y preparó la camioneta que explotó en la embajada de Israel. Hoy venimos a aportar el dato de la persona de Hezbollah, jefe en Latinoamérica, que compró la autobomba a nombre de Elías Ribeiro Dalush, con documento brasileño falso (34.031 567) y que, unas horas antes del atentado, salió por el aeropuerto Jorge Newbery de la ciudad de Buenos Aires, rumbo a Foz de Iguazú", detalló la titular de la cartera.
En esa línea, Bullrich sostuvo que, luego de los atentados a la embajada de Israel y la AMIA, Karaki "desapareció del radar y no fue detectado por los servicios de inteligencia occidentales por varios años".
Además, precisó que en Bolivia estuvieron cerca de hacer explotar un edificio con un coche bomba de las mismas características del que se usó en la AMIA.
"En Perú, en marzo de 2024 y en noviembre de 2023, donde Argentina colaboró, hubo dos operaciones de la Policía Federal de Brasil que se conocieron como Trapiche y Trapiche II", dijo Bullrich.
Y continuó: "La Operación Trapiche desarticuló una organización vinculada a Hezbollah que había reclutado ciudadanos brasileños para perpetrar ataques a instalaciones de la comunidad judía en Brasil. Hubo 22 detenidos. En la Operación Trapiche II intentaron asesinar a un empresario y generaron una serie de ramificaciones para el lavado de activos, agencias de viajes y cambio".
Para finalizar, ministra del Gabinete del presidente Javier Milei destacó el trabajo conjunto entre la SIDE y el Ministerio de Seguridad de la Nación.
También adelantó que se enviará una carta a la Embajada de Líbano solicitando colaboración para esclarecer los atentados y prevenir nuevos ataques.
Por otro lado, solicitarán a la Procuración de la Nación aque arbitre los medios para concretar su captura internacional mediante la emisión de una Circular Roja de Interpol y así poder juzgarlo en ausencia. En la conferencia, Bullrich fue respaldada por Carlos Ferrer Picado, director nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, y el titular de la SIDE, Sergio Neiffert.