Estados Unidos impuso el jueves sanciones financieras al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, y a algunas personas y entidades de la isla, entre ellos Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, según publicó el sitio web del Departamento del Tesoro estadounidense.
Se trata de una nueva medida de Washington para intensificar la presión sobre los líderes de la isla tras el bloqueo energético y la acusación de asesinato contra Raúl Castro por parte de la Justicia estadounidense, reportó France 24 y supo la Agencia Noticias Argentinas.
El Departamento del Tesoro informó que Díaz-Canel fue incorporado nuevamente a la lista de personas sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), junto con su esposa, Lis Cuesta Pedraza; su hijastro, Manuel Anido Cuesta; y dos integrantes de la familia Castro: Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro, y Raúl Alejandro Castro Calis, nieto del expresidente cubano.
La medida implica el bloqueo de bienes e intereses sujetos a jurisdicción estadounidense y restricciones para realizar transacciones con personas o empresas norteamericanas.
Díaz-Canel, de 60 años, es presidente del país caribeño desde que sucedió a Raúl Castro, hermano del exlíder cubano Fidel Castro, en 2018.
Además, el gobierno de EEUU apuntó contra organizaciones consideradas puntales en la estructura política, militar y económica de la isla.
Entre ellas se encuentran los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) constituido a solo meses del triunfo revolucionario de 1959.
En paralelo a la publicación de las sanciones, Donald Trump declaró a periodistas que Estados Unidos quiere que Cuba “fuera un país bien gobernado”.
El mes pasado, el Gobierno estadounidense impuso sanciones a 11 funcionarios cubanos, entre ellos el ministro de Comunicaciones del país, varios líderes militares y su principal agencia de inteligencia.__IP__
Estados Unidos también acusó a Raúl Castro de asesinato por su presunta participación en un incidente de 1996 en el que aviones cubanos derribaron aeronaves operadas por un grupo de exiliados cubanos.