El laboratorio HLB Pharma es señalado como responsable del lote de fentanilo contaminado que provocó un sinfín de muertes.. Una exanalista de microbiología de la empresa denunció irregularidades, apuntando directamente a una presunta connivencia entre el dueño, Ariel García Furfaro, y la política, además de señalar una supuesta complicidad de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
La exempleada, quien optó por preservar su identidad, confirmó haber trabajado casi tres años en la empresa y detalló un sistema de fraude sistemático. En diálogo con Radio Rivadavia, afirmó que durante años HLB Pharma habría logrado evadir los controles de la Anmat porque eran alertados con anticipación sobre las inspecciones. Esta pre-notificación habría permitido a la empresa “acomodar” y “preparar los papeles”.
Según denunció, se contrataba a personal de forma exclusiva para “dibujar los números” y “completar planillas de análisis microbiológicos que no existían”, como los ambientales de toda la producción. El objetivo habría sido evitar que se descubrieran los “desvíos en el proceso productivo”.
La extrabajadora además afirmó que, presuntamente, el ente regulador gubernamental “jamás” ingresó realmente al laboratorio hasta la última inspección, la cual derivó en la clausura del lugar.
Las revelaciones de la exempleada pintan un panorama desolador de las condiciones laborales y productivas en HLB Pharma, especialmente críticas para una instalación que fabrica “comprimidos químicos e inyectables”, drogas que “requieren otra clase de requisitos” y “profesionales en serio con un seguimiento más minucioso”.
La mujer afirmó que en el área de producción “no había aire acondicionado” y los empleados se veían obligados a trabajar “en ropa interior por el calor” en pleno verano.
También denunció que la higiene del lugar era “deficiente”, lo que llevaba a que los registros de limpieza se “falsearan manualmente”. Según contó, no habría existido el chequeo chequeo previo y la limpieza requerida antes de liberar la línea productiva.
La exempleada dijo que hay “escasez de personal idóneo” dentro de la empresa. Afirmó que en la línea productiva había personas que “ni siquiera tenían el título secundario” y “varios no sabían ni leer”, a pesar de que manejaban las formulaciones de los medicamentos.
“En el laboratorio todos sabían que ese lote de fentanilo había dado positivo”, afirmó la mujer, pero la advertencia nunca se emitió.
Expresó que la “duda que había desde la jefatura de microbiología” siempre fue que el error era del analista, argumentando que el análisis debe hacerse en una cabina estéril y con movimientos cuidadosos para evitar el ingreso de bacterias, algo que, según la exempleada, “no pasaba”.
Recientemente, la Justicia Federal logró localizar las 232 ampollas de fentanilo contaminado que faltaban consignar del lote adulterado. Estas ampollas contenían las mismas dos bacterias encontradas en todos los pacientes que fallecieron tras desarrollar cuadros severos de neumonía mientras estaban internados en terapia intensiva. A pesar de la gravedad de las denuncias y el elevado número de víctimas, la causa penal por el fentanilo contaminado no tiene detenidos hasta el momento.
En tanto que esta crisis empezó e instalarse esta semana en la Cámara de Diputados, donde aguardan las respuestas a un extenso pedido de informes aprobado el miércoles. La Libertad Avanza maneja el tema con cautela y evita pronunciarse sobre el proyecto de una aliada, la “bullrichista” Silvana Giudici, para crear una comisión investigadora del caso.
En un comunicado oficial, el Gobierno pidió este jueves la detención de Ariel García Furfaro, el dueño del laboratorio HLB Pharma, de donde se detectó el origen del fentanilo adulterado. Además, la vocería presidencial adelantó que si el juez de la causa, Ernesto Kreplak, no avanza con esa medida, lo recusarán por presunto conflicto de intereses, dado que es hermano del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak.
Mientras tanto, la diputada Giudici insiste desde hace semanas en crear una comisión investigadora, pero en el oficialismo decidieron no opinar al respecto. “No habrá postura oficial por ahora”, indican en La Libertad Avanza, donde prefieren esperar las respuestas al pedido de informes unánime que obtuvo dictamen el miércoles en la Comisión de Salud.
En el bloque que dirige el cordobés Gabriel Bornoroni hay quienes creen que, con la Comisión de Salud activa y abocada al tema, no sería necesario crear una nueva. Esa comisión es presidida por el peronista tucumano Pablo Yedlin (Unión por la Patria), que además es médico y responde al exministro de Salud y actual senador Juan Manzur.
Durante el debate del miércoles, ya hubo diputados como Carla Carrizo (Democracia para Siempre) y Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) que plantearon que no alcanza con el pedido de informes, sino que también deben convocar a funcionarios de la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) para que brinden explicaciones cara a cara.
A la espera de las preguntas ya enviadas al Poder Ejecutivo, hay dudas sobre el avance de la comisión investigadora. Curiosamente, la llave para activar el tema la tiene el mismo PRO, que a través de Silvia Lospennato preside la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, donde fue girado el proyecto de Giudici.
También se presentaron otras dos iniciativas similares a la de la diputada “bullrichista”. Una pertenece a Jorge Araujo Hernández (Unión por la Patria-Tierra del Fuego) y otra al bloque Democracia para Siempre, que encabeza el radical crítico Pablo Juliano.
“Hay que hablar de la responsabilidad de la Anmat y de la que les toque a los ministros de Salud de las distintas jurisdicciones. El Estado no está funcionando. Estamos ante una crisis sanitaria que no sucedió ni siquiera con el Covid, porque en ese entonces, cuando hubo dudas sobre las vacunas, la Anmat las despejó”, comparó Juliano.
Además de esclarecer responsabilidades, el legislador espera que el trabajo de la comisión redunde en “cambios en la legislación sobre la Anmat , la trazabilidad de medicamentos y el acceso a las historias clínicas”.
El pedido de informes dictaminado en la Comisión de Salud consta de 26 preguntas con un alto nivel de detalle, empezando por la cantidad total de casos confirmados, probables y sospechosos asociados al uso de fentanilo contaminado, y el número total de fallecimientos confirmados.
Se pide además establecer una cronología de la detección del brote: la primera notificación, las alertas sanitarias nacionales, las comunicaciones oficiales y los protocolos activados por el Ministerio de Salud, la Anmat y otras jurisdicciones.
Otros puntos son la identificación completa de los medicamentos y lotes contaminados; las acciones que llevó adelante la Anmat desde los primeros casos; y el estado de habilitación de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. al momento de la producción y distribución del fentanilo.