Los gobernadores de Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego, entre ellos el riojano Ricardo Quintela, reclamaron al Gobierno nacional la convocatoria urgente a una reunión federal presencial y exclusiva para analizar los alcances de la reforma laboral que ya cuenta con media sanción del Senado.
Las seis provincias solicitaron formalmente este jueves al Ejecutivo nacional que convoque al Consejo Federal del Trabajo (CFT), al considerar que el debate no puede circunscribirse únicamente al ámbito del Congreso. Según plantearon, se trata de una iniciativa con impacto directo en las economías regionales, el empleo y los sistemas de fiscalización laboral, responsabilidades que recaen en gran medida sobre las jurisdicciones provinciales.
El pedido fue dirigido al secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, mediante una nota firmada por las máximas autoridades laborales de cada distrito. En el documento, las provincias advirtieron que la reforma no solo introduce cambios en las relaciones laborales, sino que también tiene consecuencias en materia fiscal y en los esquemas de inspección y control, por lo que resulta indispensable incorporar la mirada federal antes de avanzar hacia una sanción definitiva.
El reclamo se produjo en medio del debate parlamentario y luego de que los senadores del bloque peronista votaran mayoritariamente en contra de la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei. En ese marco, los gobernadores que respaldan a esos legisladores —Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego)— ratificaron su preocupación por el alcance de la reforma y su eventual impacto en las provincias.
En el texto titulado “El peso de un reclamo federal”, los mandatarios y autoridades laborales sostuvieron que las provincias son “actores imprescindibles” en la discusión del modelo de desarrollo y del sistema laboral, ya que enfrentan de manera cotidiana la conflictividad laboral en sus territorios y deben dar respuestas concretas a trabajadores y empleadores.
Además, recordaron que el Pacto Federal del Trabajo (Ley 25.212) establece la obligación de que el CFT sesione al menos cada tres meses, un plazo que —señalaron— debe respetarse especialmente cuando se debaten reformas que comprometen intereses laborales, fiscales y de control en cada jurisdicción. “El CFT no puede ser una mera caja de resonancia; es una herramienta para la solución de problemáticas concretas”, afirmaron.