El cotitular de la CGT, Jorge Sola, advirtió que la discusión sobre una eventual reforma laboral en la Argentina se desarrolla “entre trascendidos” y sin la participación de quienes -según remarcó- deberían ser los protagonistas: los empleadores productivos y la fuerza de trabajo.
El dirigente sostuvo que cualquier intento de avanzar con cambios estructurales “sin letra chica, sin consensos y sin los sectores afectados en la mesa, nace viciado”.
El Gobierno “invierte el orden de prioridades”, ya que -a su entender- la reforma urgente y decisiva para promover la inversión productiva es la tributaria, no la laboral. “Bajen los impuestos, que para eso vino este gobierno”, disparó.
Además, adelantó que la CGT llega “fortalecida y unida” al debate que se abriría en el Congreso y aseguró que el movimiento obrero “no sólo está para resistir, sino también para aportar soluciones”.
Sola comenzó señalando que hoy no existe ningún proyecto formal de reforma laboral presentado por el Poder Ejecutivo. “Estamos evaluando, pero son todas incertidumbres; no tenemos un proyecto que estemos visualizando. Todo lo que hay son trascendidos. El Gobierno hace trascender versiones y al rato las desmiente. Así no hay posibilidad de un tratamiento serio”, sostuvo.
En ese sentido, remarcó que la preocupación creciente surge de que “los dos actores principales que sufrirían las consecuencias de una ley -la inversión productiva y los trabajadores- no están sentados en ninguna mesa de consulta”.
Consultado sobre la actividad del Consejo de Mayo, Sola fue categórico: “Está Gerardo Martínez representándonos, pero no hay ningún tratamiento serio. Sólo propuestas muy generales que pretenden replicar el decreto 70/23, ese que declaramos inconstitucional y la Justicia nos dio la razón”.
El dirigente sindical afirmó que una ley laboral de alcance transversal para todos los sectores “es inviable y contraproducente”. “Ninguna actividad es igual a otra. Las modernizaciones deben hacerse por sector, porque un banco, una compañía de seguros y la minería tienen realidades laborales completamente distintas”, explicó.
Puso un ejemplo concreto: “En servicios se trabaja 7 horas; la minería opera con esquemas 15 por 15 y jornadas de 12 horas. Y eso ya está contemplado en los convenios. Los convenios se vienen modernizando: incorporamos home office, trabajo a distancia e IA. No estamos parados en el siglo pasado”.
Sola insistió en que cualquier mesa de reforma debe incluir al Estado, pero de manera eficiente: “El Estado debe ser inteligente, eficaz, no burocrático, pero presente para garantizar reglas claras en la inversión productiva”. Y remarcó que estas discusiones deben convertirse en “políticas de Estado”, independientemente del signo político de los gobiernos.
Aunque no hay precisiones oficiales, Sola señaló que los tiempos legislativos indicarían que el proyecto recién llegaría al Congreso “después del tratamiento del Presupuesto”, es decir, en febrero. “Si la discusión es solo política, está mal planteada. Las comisiones escuchan a los sectores, pero la letra chica no cambia. Y ahí está el problema”, cuestionó.
El cotitular de la CGT respondió también a las objeciones empresarias sobre el temor a juicios laborales: “Si el empleador paga lo que corresponde, el juicio no existe. Tomar trabajadores en negro es un delito, lo dice la ley”.
Aunque reconoció que los largos procesos judiciales perjudican tanto a empresas como a trabajadores, atribuyó el problema a la Justicia y no al marco laboral: “Si hay distorsiones, vayan a corregirlas donde corresponden, no carguen contra los trabajadores”.
Para Sola, la primera reforma que debería encararse es la impositiva: “Una pyme que quiere nacer paga impuestos nacionales, provinciales y municipales antes de contratar un solo trabajador. La carga tributaria representa entre el 30% y el 40% de sus ventas. Si queremos inversión productiva, bajen impuestos”.
Sobre las declaraciones del ministro Toto Caputo acerca de eliminar los aportes sindicales obligatorios, Sola aclaró: “El aporte sindical es obligatorio solo si el trabajador está afiliado. La afiliación es un derecho constitucional. Afiliado o no, los beneficios de las paritarias se aplican igual, pero el aporte es solo para afiliados”.
Y lanzó una advertencia legal: “Lo que debilite la representación gremial es inconstitucional. El Pacto de San José de Costa Rica lo establece claramente”.
Frente a la pregunta sobre el rol de la central obrera en la discusión que se viene, Sola cerró con un mensaje político: “vnBnZw Llegamos fortalecidos, unidos y con una mirada proactiva. No estamos solo para oponernos. Estamos para aportar soluciones que generen más trabajo, mejores condiciones y mejores salarios”.
Y concluyó: “Representamos a todos los trabajadores, voten al peronismo o no. Los intereses de los laburantes no tienen afiliación partidaria”.