En una sentencia dictada el 20 de agosto de 2026 y conocida este jueves, el tribunal concluyó que el proceso estuvo atravesado por irregularidades y que la acusación se sustentó en el contenido de las decisiones judiciales que Moliné O’Connor había firmado como integrante del máximo tribunal.

Para la Corte IDH, utilizar los criterios jurídicos de un magistrado para justificar su destitución constituyó una injerencia indebida en la separación de poderes y una afectación a la independencia judicial, algo incompatible con las garantías que deben proteger a los jueces.

El proceso se había iniciado después de que la Comisión de Juicio Político de Diputados admitiera cuatro pedidos de remoción, vinculados, entre otros asuntos, con las causas Meller, Magariños y Macri. El Senado lo removió el 3 de diciembre de 2003.

La resolución declaró que el Estado argentino violó las garantías judiciales y los derechos políticos de Moliné O’Connor, así como su derecho a la protección judicial. También encontró vulneraciones al derecho al trabajo, la seguridad social, la propiedad privada y la garantía del plazo razonable.

Otro aspecto relevante fue la revocación de la pensión vitalicia que el exjuez tenía otorgada desde 1998 y que le fue quitada en octubre de 2004, tras su destitución. La Corte entendió que afectó sus derechos y ordenó al Estado regularizar el régimen de la pensión que le correspondía.

En materia de reparaciones, el tribunal fijó una indemnización de 600.000 dólares por daño material (lucro cesante), y otros 25.000 dólares por daño inmaterial, que deberán distribuirse entre su esposa y sus hijos.

La Corte valoró el impacto en su trayectoria. En uno de los pasajes más significativos, sostuvo que la destitución arbitraria interrumpió una carrera de más de 13 años en el máximo tribunal y “canceló, de manera definitiva e imprevista, la opción de vida que la víctima había estructurado en torno al ejercicio de la judicatura”.

Moliné O’Connor falleció el 20 de agosto de 2014, por lo que el proceso internacional continuó a través de sus familiares. La petición original había sido presentada ante la Comisión Interamericana en noviembre de 2003 y el caso llegó a la Corte en agosto de 2024: pasaron más de dos décadas.

Entre las medidas ordenadas, la Corte dispuso que la Argentina publique y difunda la sentencia y su resumen oficial. Además, estableció que las autoridades nacionales deberán interpretar y aplicar el artículo 53 de la Constitución, que contempla la causal de mal desempeño para la remoción de jueces de la Corte Suprema, respetando el debido proceso, la independencia judicial y los derechos políticos.

El Estado tendrá un año desde la notificación del fallo para informar las medidas adoptadas. La Corte Interamericana supervisará el caso hasta que la sentencia se cumpla íntegramente.