El 27 de septiembre del año 2020, en medio de una pandemia, Azerbaiyán inició agresiones contra la comunidad armenia de la región de Nagorno-Karabagh, también conocida como República de Artsakh. La guerra que se desató duró 44 días, momento en que se acordó con Azerbaijan un cese del fuego ( que ha sido incumplido en reiteradas ocasiones hasta la fecha).
De acuerdo con las reglas del Derecho Internacional Humanitario, se deben devolver todos los prisioneros de guerra, punto que Armenia cumplió en tiempo y forma. No así fue el caso de Azerbaiyán, que hasta la fecha cuenta con aproximadamente 200 prisioneros de guerra armenios, entre los cuales, además de combatientes, se incluyen civiles.
Azerbaiyán no solamente no ha cumplido con su obligación sino que también ha llevado a unos 60 prisioneros de guerra armenios ante tribunales de Bakú, ha organizado juicios sumarios donde los imputaron de cargos de mercenarios, terrorismo y cruce ilegal de fronteras, y ha condenado a los mismos con prisión entre 6 a 20 años. No se ha permitido ningún monitoreo internacional de todas estas actividades prohibidas por el derecho internacional, como es enjuiciar a prisioneros de guerra. Solicitamos urgente devolución de todos y cada uno de ellos en concordancia con la letra del derecho.
Por otro lado, si bien la guerra ha finalizado, la violencia continúa no solo a través de la retención de prisioneros de guerra y civiles, del discurso de odio emitido por las autoridades azerbaiyanas y de la creación de un ofensivo, morboso e insultante "parque de trofeos", sino también mediante la destrucción de gran parte del patrimonio cultural representativo de la identidad armenia en la región. El pasado, el presente y el futuro de la identidad armenia en dicha región tienen amenazada su existencia.