Según explicó el funcionario, la decisión de reforzar la comunicación sobre esta medida responde a la necesidad de proteger a uno de los sectores más afectados por la pérdida del poder adquisitivo, bajo la premisa de que la carga tributaria debe recaer principalmente en los sectores con mayor capacidad económica.
En cuanto al panorama fiscal, Aguilar advirtió que la recaudación provincial ha ingresado en una etapa de estancamiento que ya se extiende por más de seis meses. Aunque se registran incrementos en términos nominales, estos se sitúan por debajo de los índices inflacionarios, lo que refleja un crecimiento real nulo o insuficiente frente al aumento de precios.
Esta situación se manifiesta con especial claridad en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, principal termómetro de la actividad económica local. El director de la DGIP señaló que el deterioro del consumo es evidente y que los ingresos actuales son un fiel reflejo de la parálisis que atraviesa la economía. Finalmente, indicó que el canal de diálogo con los sectores afectados se mantiene activo a través de la Gobernación y el Ministerio de Hacienda, ratificando la apertura del organismo para evaluar propuestas que permitan afrontar el actual escenario financiero.