La nueva condena judicial contra la Argentina por la expropiación de Aerolíneas Argentinas no discute únicamente una cifra cercana a los 390 millones de dólares. Lo que vuelve a ponerse bajo la lupa es la forma en que el Estado llevó adelante un proceso que, más allá de las razones políticas que pudieron haber existido para recuperar la línea aérea de bandera, terminó generando consecuencias económicas que todavía pagan los contribuyentes.
En 2008, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el Congreso aprobó la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral, que hasta entonces estaban controladas por el Grupo Marsans. El kirchnerismo defendió la decisión argumentando que la empresa se encontraba prácticamente quebrada y que era imprescindible garantizar la conectividad aérea del país.
Sin embargo, la recuperación de la compañía derivó en una larga batalla judicial internacional. Los antiguos accionistas reclamaron una compensación superior a la reconocida por el Estado argentino y llevaron el caso a tribunales extranjeros.
El resultado vuelve a ser desfavorable para la Argentina.
Más allá de las apelaciones que aún puedan presentarse, el episodio deja una enseñanza que trasciende cualquier signo político: cuando un Estado decide intervenir sobre activos privados debe hacerlo respetando estrictamente las reglas jurídicas y los compromisos internacionales. De lo contrario, el costo termina multiplicándose.
La situación recuerda inevitablemente otros litigios derivados de decisiones adoptadas durante aquellos años, como el caso YPF, que también generó multimillonarios reclamos internacionales.
Los gobiernos pasan, pero las condenas permanecen. Y quienes finalmente afrontan esas obligaciones no son los funcionarios que tomaron las decisiones, sino todos los argentinos.