La fiscal federal de La Rioja, María Virginia Carmona se presentó al concurso para integrar el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de Córdoba. Luego del examen de oposición anónimo y la evaluación de antecedentes curriculares, quedó en primer lugar entre todos los postulantes. Sin embargo, tras la entrevista personal, el dictamen de mayoría del Consejo de la Magistratura la dejó fuera de la terna y relegada al primer puesto de la lista complementaria.
Antes de que el plenario del Consejo resolviera, Carmona hizo un planteo público que dijo formular "a los fines de preservar la confianza en el sistema de elección de magistrados".
Denunció que en la entrevista "se decide por mayoría bajarme 41 puntos y se me ha excluido de la terna, no fundamentando adecuadamente conforme establece el artículo 141 último párrafo".
Subrayó además que existen dos dictámenes: el de la mayoría, que la excluye, y el de minoría, que la mantiene en primer lugar. Su pedido de que los consejeros consideraran esa situación en el plenario no encontró eco: el dictamen de mayoría se impuso con 13 votos sobre 19. La terna quedó integrada por María Soledad Mancini, Hugo Germán Burgos y Gustavo Javier Zapata.
Carmona es fiscal federal de La Rioja y tiene una trayectoria federal consolidada: actuó como fiscal coadyuvante en la megacausa "La Perla" en Córdoba y, en 2014, la Cámara Federal de esa provincia ratificó su nombramiento como fiscal subrogante en Villa María, respaldando el proceso de la Procuración General de la Nación.
Impulsan nuevo reglamento de elección
El caso se produce en un momento de particular sensibilidad institucional. La Corte Suprema, por iniciativa de los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, impulsó un nuevo reglamento para la selección de magistrados que busca reducir la discrecionalidad política en las entrevistas personales, precisamente el eslabón que aquí está en cuestión.
El proyecto propone limitar el puntaje asignable en esa instancia, introducir anonimato absoluto, un legajo digital único, tabulación estricta de antecedentes y la realización de concursos antes de que se produzcan las vacantes, para evitar que el proceso quede atado a coyunturas políticas. Esa propuesta, formalizada a través de la Acordada 4/2026 e impulsada por los jueces Lorenzetti y Rosenkrantz, fue remitida al Consejo de la Magistratura para actualizar el proceso de selección.
La iniciativa no pasó desapercibida en el mundo académico. Un total de 15 universidades privadas del país manifestaron su apoyo al nuevo reglamento a través de un comunicado conjunto, en el que sus rectores subrayaron que la calidad del sistema judicial depende directamente de la idoneidad de quienes lo integran. Valoraron que el esquema ponga el foco en la formación profesional, la excelencia académica y la capacitación continua como condiciones centrales para acceder a la magistratura, y pidieron avanzar con un tratamiento integral del proyecto.
Sin embargo, el debate dentro del Consejo de la Magistratura está lejos de cerrarse. Mientras algunos sectores impulsan su aprobación inmediata, otros reclaman un análisis más profundo que contemple propuestas previas y el contexto institucional. A esas diferencias se suman críticas desde el propio ámbito judicial: la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina expresó su preocupación por la eliminación de mecanismos que garantizaban la inclusión femenina en las ternas, advirtiendo que la reforma podría significar un retroceso en materia de igualdad de género.
El caso de Carmona quedó así enmarcado en una disputa más amplia sobre cómo se eligen los jueces en la Argentina. El mismo Consejo que votó para excluirla de la terna es el organismo al que la Corte le pide que cambie las reglas.