El básquetbol argentino atraviesa un fenómeno que crece en silencio, pero con efectos devastadores: la proliferación de juicios laborales iniciados por árbitros contra clubes y ligas. Lo que antes era un conflicto aislado hoy se transformó en una auténtica industria del juicio, con montos millonarios en juego y un impacto que compromete la sustentabilidad del sistema deportivo.
Actualmente, según información relevada en el sector, existen reclamos judiciales en trámite por más de 1.500 millones de pesos. Solo los últimos cuatro procesos acumulan 850 millones, cifras que superan ampliamente los presupuestos anuales de muchas instituciones. Para dirigentes y especialistas, el diagnóstico es unánime: la escalada de litigios amenaza la continuidad misma de la actividad.
La falta de apoyo del Estado Nacional y la limitada disponibilidad de recursos propios de clubes y federaciones hacen que los fondos que deberían destinarse a la formación, infraestructura y desarrollo deportivo sean captados por esta industria judicial, que se alimenta de la judicialización de vínculos ambiguos.
El núcleo del conflicto: la relación árbitros–clubes
El centro de la disputa se ubica en el plano jurídico. ¿Qué tipo de relación une a un árbitro con un club o una liga?
El Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 543/2008 y el Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN)coinciden en definir el vínculo como una locación de servicios profesionales. Bajo esta figura, los árbitros son prestadores independientes, contratados para dirigir un partido a cambio de un honorario, sin relación de dependencia.
Sin embargo, algunos árbitros buscan encuadrar esa relación bajo la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), alegando dependencia económica y continuidad en la prestación. Esta interpretación habilita el reclamo de beneficios como indemnizaciones, vacaciones y aguinaldo, disparando exponencialmente los montos.
La consecuencia es una disputa de “dos bibliotecas” jurídicas: una sostiene el encuadre autónomo previsto en el CCT y el CCyCN, y otra insiste en la aplicación de la LCT. La falta de un criterio judicial uniforme genera un terreno fértil para litigios millonarios y lo que dirigentes califican como maniobras de manipulación normativa.
Reclamos exorbitantes y maniobras procesales
Los casos que llegan a los tribunales incluyen pedidos que, en algunos casos, alcanzan los 200 millones de pesos por árbitro, montos que no reflejan la relación contractual real ni los ingresos efectivamente percibidos.
Entre las prácticas más frecuentes se detectan el sobredimensionamiento de los montos a partir de actualizaciones y cálculos sobre una supuesta relación laboral; el uso de testigos reiterados en diferentes causas, generando sospechas de connivencia; los alegatos de dependencia encubierta que desconocen la vigencia del CCT 543/2008; y los procesos judiciales prolongados, que elevan aún más los intereses y costos.
Todo esto alimenta un escenario de inseguridad jurídica, donde cada demanda constituye un riesgo financiero imprevisible.
El espejo del golf: un antecedente preocupante
El golf argentino ha experimentado un fenómeno similar con los caddies, quienes durante décadas trabajaban por propinas y posteriormente iniciaron juicios por supuesta relación de dependencia.
En este contexto, el Jockey Club llegó a enfrentar más de 200 procesos simultáneos, con condenas que en un solo caso alcanzaron 800 millones de pesos. Otros clubes, para poder cumplir con las sentencias, se vieron obligados a vender propiedades, aplicar cuotas extraordinarias a sus socios e incluso evaluar la posibilidad de un concurso preventivo.
Frente a esta situación, muchas instituciones optaron por reemplazar a los caddies con carritos eléctricos, modificando radicalmente la práctica deportiva y eliminando una histórica vía de ascenso social para jóvenes de sectores populares que encontraban en esta actividad oportunidades de trabajo y desarrollo.
Otros deportes argentinos afectados
El fenómeno de la “industria del juicio” no se limita al básquet o al golf. En los últimos años, se han registrado casos similares en otros deportes argentinos, como el rugby, el hockey y el fútbol, con consecuencias económicas y operativas significativas. En el rugby, entrenadores y colaboradores de categorías formativas han sido demandados por supuestas relaciones laborales encubiertas, afectando tanto a clubes tradicionales como a instituciones con menos recursos, generando presión económica y dificultando la planificación deportiva.
En el hockey, entrenadores de divisiones menores también han enfrentado juicios por relaciones laborales, lo que obliga a los clubes a desviar recursos destinados al desarrollo deportivo hacia litigios, afectando la formación de jóvenes talentos y la operatividad de las instituciones.
Incluso en el fútbol, a pesar de contar con estructuras profesionalizadas y reguladas, se han registrado casos aislados de jugadores o colaboradores que reclaman relaciones de dependencia. Estos litigios generan alerta sobre posibles efectos financieros y sobre precedentes legales que podrían impactar en la interpretación de los vínculos laborales dentro del deporte.
En conjunto, estos ejemplos reflejan una tendencia transversal en el deporte argentino: la falta de claridad en la definición de las relaciones laborales y la interpretación judicial de las mismas ha dado lugar a un incremento de litigios, capturando recursos críticos de las instituciones deportivas y comprometiendo su sustentabilidad.
Impacto económico, institucional y social
Las consecuencias son múltiples: en el plano financiero, los juicios representan un costo que en algunos casos equivale a varios años de presupuesto; en lo deportivo, recursos que deberían destinarse a planteles, infraestructura o divisiones formativas se desvían a litigios; a nivel institucional, la incertidumbre espanta a sponsors y dificulta la planificación a largo plazo; y en el plano social, el riesgo de discontinuidad de ligas o torneos afecta a miles de jugadores, entrenadores y comunidades.
“Estamos frente a una amenaza existencial para los clubes. Si no se regula, la actividad corre peligro”, advierten desde el básquet nacional.
Una industria paralela del derecho laboral deportivo
El crecimiento de estos juicios consolidó lo que muchos describen como una industria paralela del derecho laboral deportivo. Algunos estudios jurídicos especializados encontraron un nicho de negocio en la judicialización de vínculos ambiguos, alentando reclamos masivos con expectativas millonarias.
El modus operandi incluye la captación de árbitros dispuestos a iniciar demandas, la elaboración de estrategias para encuadrar el vínculo bajo la LCT, la presentación de montos inflados con actualizaciones e intereses y la presión sobre los clubes para cerrar acuerdos conciliatorios antes de enfrentar embargos. Cada nuevo fallo adverso sienta un precedente que alimenta más litigios, en un círculo vicioso difícil de romper.
Según la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), la industria del juicio laboral a nivel nacional insume unos $2,1 billones al año, equivalentes a 6.891.653 salarios mínimos, creciendo a un ritmo de $5.917 millones por día, $246 millones por hora o cuatro millones por minuto. Este fenómeno revela la magnitud y el ritmo con el que la judicialización captura recursos, incluyendo los de clubes deportivos.
El desafío: regulación y consenso
Frente a esta escalada, especialistas y dirigentes coinciden en tres ejes principales: actualizar el CCT 543/2008 para eliminar ambigüedades y fijar claramente la figura de locación de servicios; unificar criterios jurisprudenciales, promoviendo fallos que refuercen el encuadre contractual y reduzcan la discrecionalidad judicial; y fortalecer la prevención en los clubes, mediante asesoramiento legal, contratos claros y cumplimiento estricto de las normas vigentes.
El desafío excede al básquet: se trata de un problema transversal al deporte argentino, que pone en tensión la relación entre la actividad amateur, la profesionalización y el marco jurídico que debería garantizar la sustentabilidad del sistema deportivo.
Una amenaza silenciosa
La industria del juicio laboral en el básquet argentino no es solo un problema de tribunales. Es una amenaza silenciosa que golpea las finanzas de los clubes, compromete la planificación deportiva y pone en jaque la continuidad del sistema.
El espejo del golf y los casos en rugby, hockey y fútbol demuestran hasta dónde puede escalar esta conflictividad. Si no se logran consensos y regulaciones firmes, los juicios podrían convertirse en un factor expropiatorio, capaz de redefinir la práctica del deporte en Argentina.