La Rioja presentó ante la Justicia Federal un amparo individual por una mujer cuya pensión por discapacidad fue interrumpida sin notificación ni resolución formal, lo que calificaron como una decisión “arbitraria e ilegítima”. Durante agosto, al menos 600 pensiones quedaron suspendidas en la provincia, afectando a miles de personas que dependen de ese ingreso y de la cobertura de salud que conlleva.
El gobernador Ricardo Quintela ordenó asistencia legal gratuita a los beneficiarios afectados, y se coordina con intendencias locales para que la población pueda acceder a este apoyo y reclamar sus derechos vulnerados. Además, se avanza en la presentación de un amparo colectivo que reúna los casos similares y amplíe la demanda judicial.
Al respecto el mandatario provincial dijo que: "la fiscalía y la subsecretaria legal de la provincia, junto con el ministerio de salud publica hemos instrumentado un sistema que permita asesorar y demostrar lo incorrecto de la pensión otorgada, vamos a tratar de instrumentar con todos los intendentes un lugar donde la gente pueda asistir para poder recuperar el derechos que le ha sido vulnerado".