Matias Cucco, representante de un grupo de vecinos que presentaron un amparo colectivo, expresó: “Hasta hoy, la empresa no juntó la documentación que les pidió la justicia y tampoco cesaron en el cobro. Entonces presenté una denuncia que imputa a la intendenta y los dos gerentes de la empresa”.
“En esa denuncia se investiga el delito de desobediencia judicial. Como el principal objetivo es cumplir la orden del juez, la justicia ordena directamente la clausura”, amplio.
Recordemos que tiempo atrás la empresa fue suspendida por falta de documentación: “Lo único que se ordenaba en esa suspensión es subsanar o ganar tiempo para evitar un perjuicio mayor, y que adjunte la documentación. Si hubiesen adjuntado la documentación hoy estaría resuelto el amparo”, explicó el letrado.
En este sentido, Cucco aseguró que si se demuestra que el contrato es ilegal, la empresa tendrá que devolverle a la gente el dinero recaudado, ya que “lo sacó de manera ilegal”. “La empresa hoy le está robando a la gente con el cobro del estacionamiento”, denunció.
Fuente: La Red