A través de la implementación del Protocolo Provincial de Intervención, amparado en la Ley N.º 10.800, las autoridades judiciales buscan terminar con la fragmentación institucional y garantizar una protección más eficaz para las mujeres.
La Vocal del Tribunal Superior de Justicia, Gabriela Asís, subrayó que el éxito de esta herramienta depende, en primer lugar, de la accesibilidad del mensaje. Según la magistrada, es imperativo abandonar los tecnicismos jurídicos y adoptar un lenguaje llano que permita a la ciudadanía comprender los mecanismos de protección disponibles. La meta es clara: evitar que los organismos estatales actúen como compartimentos estancos y lograr una coordinación real que prevenga situaciones de desamparo, donde el intercambio de información entre fiscalías y fuerzas de seguridad llegue a destiempo.
El protocolo introduce pautas de trabajo estandarizadas y articula la conducción de las distintas áreas para asegurar avisos oportunos. En un contexto donde los índices de violencia y los femicidios lejos de descender han experimentado un incremento, esta normativa busca poner por escrito una hoja de ruta común que priorice la confidencialidad y evite, bajo cualquier circunstancia, la revictimización de las personas que atraviesan situaciones de violencia.
Durante su intervención, Asís vinculó esta necesaria reorganización judicial con la pronta implementación del sistema acusatorio, el cual permitirá intervenir con mayor agilidad en etapas tempranas del proceso, superando la limitación de actuar únicamente cuando la violencia ya ha escalado a instancias críticas.