La iniciativa, impulsada por el presidente Javier Milei, será enviada al Congreso durante el segundo semestre del año y toma como referencia el modelo institucional de Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre las distintas áreas del Estado frente al narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado y las amenazas transnacionales.

En la Casa Rosada explican que la iniciativa todavía no está terminada, aunque ya integra la agenda legislativa que el oficialismo pretende impulsar en los próximos meses. "No está listo todavía. Una vez que se termine, entrará en la hoja de ruta legislativa", señalan en Nación. La propuesta se inspira en la Ley de Seguridad Nacional de Estados Unidos, sancionada en 1947, que dio origen al Consejo de Seguridad Nacional y a la CIA.

Uno de los ejes centrales del proyecto es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que estaría integrado por el Presidente, los ministerios de Seguridad, Defensa y Relaciones Exteriores, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), el Estado Mayor Conjunto y otros organismos vinculados al área. Su función sería coordinar decisiones estratégicas sobre inteligencia, defensa, seguridad interior y cooperación internacional, evitando superposiciones entre organismos.

El Gobierno también pretende reformar el estatuto del personal de la SIDE, modificar el sistema de formación de agentes y ampliar el margen operativo de los servicios de inteligencia, tanto dentro como fuera del país. Además, analiza reorganizar la coordinación entre la inteligencia civil, la criminal y la militar mediante un esquema de conducción más centralizado.

En materia de Defensa, el Ejecutivo estudia reforzar el marco legal que regula la protección del espacio aéreo argentino, para dar mayor respaldo jurídico y operativo a las normas vigentes frente a vuelos clandestinos vinculados al narcotráfico. En paralelo, el paquete incluirá herramientas de ciberseguridad y ciberdelito, un área que el Gobierno considera prioritaria frente al crecimiento de ataques contra infraestructura crítica y operaciones de desinformación.

La iniciativa representa una segunda etapa de la política de seguridad de la administración Milei. En los últimos meses, el Ejecutivo aprobó la Ley Antimafia, promovió cambios en el régimen de reincidencia y reiterancia, reformó por decreto los estatutos de las fuerzas federales y avanzó con nuevas herramientas de ciberseguridad y defensa. En el oficialismo consideran que la seguridad puede funcionar como uno de los ejes de contraste con la oposición, junto con la baja de la inflación, el equilibrio fiscal y la reforma del Código Penal, que también planean enviar al Congreso en las próximas semanas.