Los alegatos del caso que investiga la muerte de cinco bebés en el Hospital Neonatal Ramón Carrillo de Córdoba comenzaron hoy y los fiscales responsabilizaron a la enfermera Brenda Agüero, mientras que el asesor de la imputada opinó que la exposición de los representantes del Ministerio Público Fiscal "parecía una sesión de secta satánica".
El defensor de la principal acusada, Gustavo Nievas, dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y sostuvo que los fiscales Sergio Ruiz y Mercedes Ballestrini "todavía no pidieron la pena" para su clienta.
"Me llamó la atención que no hicieron referencia a ningún marco legal. No se habló de la Constitución Nacional ni del Código Penal, lo que son los medios de prueba, cómo se valora un testimonio, cómo se realiza un reconocimiento", criticó el letrado.
En este sentido, recriminó que los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) "no están apostando a que el jurado popular resuelva en base a una normativa que le dé un nivel de seriedad, sino que se los extorsiona desde el dolor de las madres para que dicten un fallo condicionado por las emociones y los sentimientos".
"La arenga que hizo la fiscal al final de los alegatos parecía una sesión de una secta satánica me parece una falta de respeto a los seres queridos de las víctimas", cuestionó, mientras que señaló: "Hizo todo un acting junto a su colega sobre la supuesta culpabilidad de Brenda".
Los acusadores continuarán con su exposición con respecto a las situaciones procesales del ex ministro de Salud Diego Cardozo, la ex directora del nosocomio Liliana Asís y la ex jefa de enfermería Alicia Ariza, entre otros imputados.
Todos ellos se encuentran sindicados por el delito de encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Además, Agüero está acusada de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, al tiempo que, según el expediente, las muertes habrían sido provocadas mediante la administración intencional de potasio.
Por su parte, las querellas y las defensas alegarán la próxima semana.
En paralelo, continúan en trámite 29 demandas civiles contra los imputados y el Estado provincial, en un proceso judicial considerado histórico por su gravedad y alcance institucional.
El veredicto se dictaminará el 2 de junio.