El Gobierno nacional introdujo cambios en el régimen de inversiones mineras mediante el Decreto 449/2026, con el objetivo de simplificar trámites administrativos y adecuar la normativa a las nuevas condiciones del sector. La medida modifica aspectos clave de la Ley de Inversiones Mineras y redefine los requisitos que deberán cumplir las empresas para acceder a los beneficios fiscales previstos por la legislación.
Entre las principales novedades, se encuentra la actualización de los procedimientos para la presentación y aprobación de proyectos, así como una mayor digitalización de los trámites vinculados a la actividad. Además, se establecen nuevos criterios para la acreditación de inversiones y el seguimiento de los compromisos asumidos por las compañías.

Según lo dispuesto por el Ejecutivo, las modificaciones buscan brindar mayor previsibilidad al sector, reducir tiempos burocráticos y fortalecer los mecanismos de control sobre los proyectos que soliciten incentivos fiscales. También se apunta a mejorar la coordinación entre organismos nacionales y provinciales vinculados a la actividad minera.
El nuevo esquema mantiene los beneficios contemplados por la legislación vigente, aunque incorpora cambios en los procedimientos de acceso y fiscalización. Desde el Gobierno sostienen que la actualización permitirá generar condiciones más favorables para atraer inversiones y promover el desarrollo de nuevos emprendimientos mineros en distintas regiones del país.
Las medidas entrarán en vigencia tras su publicación en el Boletín Oficial y serán aplicadas a los proyectos que se presenten bajo el régimen de promoción minera.