El gobierno de Javier Milei debió devolver unas 3644 pensiones por discapacidad laboral que había suspendido en Catamarca, acatando con ello una de las resoluciones del juez Guillermo Díaz Martínez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Catamarca, quien le había ordenado a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a restablecer los beneficios. La medida, publicada ayer en el Boletín oficial, ocurrió tras un segundo fallo donde el juez había extendido la devolución de la totalidad de las pensiones no contributivas por invalidez laboral suspendidas en todo el país.
En este último sentido, en el fallo del viernes último, Díaz Martínez ordenó que la cautelar dictada el 12 de septiembre se extendiera a todo el territorio nacional y que Nación se abstenga: “De aplicar nuevas bajas hasta que se dicte una sentencia definitiva en el expediente”. No obstante, desde Casa Rosada dijeron que se interpuso un recurso contra esa decisión, con lo cual, reactivó solo las correspondientes a Catamarca.
La resolución de la administración de La Libertad Avanza lleva el número 12621/2025 y está firmada por el interventor de la Andis, Alejandro Alberto Vilches. En el artículo primero el funcionario, que depende orgánicamente del Ministerio de Salud de la Nación, decide: “Restablécese las suspensiones de los beneficios de las personas identificadas en el Anexo I, que forma parte de la presente, en cumplimiento de la medida cautelar dictada en el marco de la causa Defensor del Pueblo y otros/ Andis s/Acción de Amparo, y reanúdese los pagos correspondientes a partir del período mensual en que fueran dispuestas las suspensiones”.
En los artículos tercero y cuarto, Vilches instruye a la Dirección de Asignación de Apoyos Económicos y Liquidación a abstenerse de iniciar o continuar auditorías de pensiones, mientras se mantenga vigente la medida cautelar referida. Y especifica: “El gasto que demande la presente medida será afectado a la partida específica del presupuesto del ejercicio del correspondiente año”.
Según la Justicia, la mayoría de las bajas dispuestas por el cuestionado extitular de la Andis, Diego Spagnuolo (presunto autor de los audios donde se señalaba la existencia de un mecanismo de coimas en un entramado que involucraría a Karina Milei), se habrían dispuesto sin una auditoría programada y bajo condiciones desfavorables para las personas con problemas físicos que no habían recibido la intimación para volver a presentar los certificados médicos, o que debían trasladarse hasta cientos de kilómetros para ser atendidos por los profesionales que debían validar su discapacidad.
La restitución de las pensiones catamarqueñas coincidió con nuevas movilizaciones y protestas en Buenos Aires y algunas provincias para que Nación aplique la ley de emergencia en discapacidad, que fue aprobada en el Congreso, pero cuya ejecución el Gobierno suspendió. A la vez, el fallo del juez federal en la provincia volvió a poner sobre la mesa la necesidad de cubrir la vacante en la Defensoría del Pueblo de la Nación y de avanzar con una legislación específica sobre acciones colectivas.
Con información de El Esquiu