El presidente Javier Milei vetará las leyes sancionadas semanas atrás, las cuales incrementan las jubilaciones, incorpora la moratoria y declara la emergencia en discapacidad. Será la semana que viene, cuando se esté terminando el plazo de diez días hábiles que tiene el Poder Ejecutivo para rechazar una ley proveniente del Congreso. La decisión es vital para el Gobierno Nacional, desde donde argumentan que el costo fiscal que supone este paquete de iniciativas pone en peligro el déficit cero que funciona como ancla de expectativas sobre el programa económico nacional.
“Tenemos el pedido del Presidente para que ningún veto sea volteado y estamos buscando alternativas para poder conversar con diferentes sectores”, comenta un hombre del oficialismo. A pesar de que en el plano legislativo hay conversaciones con los diferentes bloques partidarios, uno de los actores que también tiene una incidencia fundamental son los gobernadores. Al menos a un grupo de ellos se les busca dar un “gesto político” para poder lograr torcer algunas voluntades.
En los últimos días, trascendió que en el Ejecutivo están pensando en hacer una mayor transferencia de los denominados Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que son los fondos que se destinan a asistir a las provincias para situaciones específicas de emergencia o desequilibrios financieros, aunque, en rigor, se solía utilizar como un mecanismo de distribución de fondos de manera discrecional, ya que Nación es el que decide cómo manejarlo según la ocasión.
Son asuntos que se están tratando de manera conjunta en una mesa tripartita integrada por Presidencia, el Ministerio de Economía y la Jefatura de Gabinete; áreas que seguirán con reuniones esta semana para debatir qué mecanismos posibles existen para avanzar con una propuesta formal a los gobernadores, ya sean a la mayoría o a algunos pocos.
“Existen dilemas desde lo fiscal, es decir, cuánto tengamos nosotros que relegar de fondos, hasta desde lo jurídico; no es fácil implementar una modificación desde el Ejecutivo”, admiten desde un sector del Gobierno Nacional.
Los ATN no se rigen directamente por la Ley de Coparticipación, aunque sí se financian con fondos provenientes de la misma. La legislación establece la distribución de impuestos entre la Nación y las provincias, y un porcentaje de esos recursos se destina al Fondo de ATN. Aun así, no se rigen bajo un esquema automático como la coparticipación. Es todavía un dilema si pueden establecer de alguna forma que un porcentaje de lo recaudado se transfiera de manera proporcional a todas las provincias. Pero es algo que se piensa.
Esta alternativa que piensa Nación puede ser discutida en comisiones de la Cámara Baja, aunque desde las provincias vuelven a enfatizar su escepticismo sobre el tema. Cerca del Presidente podrían evaluar no vetar la iniciativa consensuada, aunque si Milei la rechaza, los gobernadores tendrían los votos suficientes para insistir sin que el oficialismo pueda hacer mucho al respecto.