El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) conocido como PAMI, anunció la baja de más de 1.500 prestadores en distintas provincias del país como resultado de un proceso de auditorías internas que reveló un amplio abanico de irregularidades: cobros indebidos, facturación de prácticas médicas inexistentes, fallas en protocolos de higiene y seguridad, y presuntas maniobras fraudulentas contra el organismo.

La medida fue comunicada en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación y representa uno de los operativos de depuración más significativos de los últimos tiempos en el sistema de salud para jubilados y pensionados.

Bajo la conducción general de Esteban Leguízamo, el organismo intensificó los controles sobre su red de prestadores. Las fiscalizaciones pusieron al descubierto un patrón sistemático de incumplimientos que incluía registros de atenciones médicas sin respaldo documental, ausencia de habilitaciones vigentes, legajos profesionales incompletos y deficiencias estructurales en varios establecimientos. Frente a ese diagnóstico, el PAMI decidió actuar con firmeza y avanzar tanto en la rescisión de contratos como en la judicialización de los casos más graves.

El caso Tucumán

Uno de los episodios más llamativos se registró en San Miguel de Tucumán, donde los auditores del organismo fiscalizaron el policonsultorio Sanarte S.R.L. El relevamiento arrojó resultados preocupantes: el establecimiento carecía de habilitación municipal vigente, presentaba legajos profesionales incompletos y registraba demoras de hasta 21 días para obtener turnos en especialidades médicas consideradas prioritarias.
Pero las irregularidades no se limitaban a cuestiones administrativas. Los auditores también detectaron sistemas de atención incompatibles con una práctica médica adecuada, como la asignación de turnos cada un minuto, historias clínicas sin firma ni sello del profesional actuante y estudios registrados sin ningún tipo de documentación que los respaldara. Estas situaciones, según el PAMI, podrían constituir infracciones a la Ley de Derechos del Paciente, que garantiza condiciones mínimas de calidad y seguridad en la atención sanitaria.

Las denuncias en Chaco

En la provincia del Chaco, el organismo fue un paso más allá y presentó denuncias penales por las irregularidades detectadas en la Unidad de Gestión Local (UGL) XIII. Allí se investigó a un prestador por incumplimientos contractuales, anomalías en las facturaciones y faltantes en la documentación clínica. Tras evaluar los descargos presentados y considerarlos insuficientes, el PAMI resolvió rescindir el contrato y poner los hechos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, al entender que las conductas relevadas podrían configurar delitos. El caso contó con la intervención de equipos jurídicos, áreas técnicas y equipos de auditoría prestacional del organismo.

Un esquema de fraude más amplio

Los casos de Tucumán y Chaco no son hechos aislados, sino que se inscriben en un proceso de fiscalización más amplio que el PAMI viene impulsando desde finales de 2024. En noviembre de 2025, el INSSJP denunció ante la Justicia federal una estafa de miles de millones de pesos articulada a través de órdenes médicas electrónicas falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados. Esas denuncias dieron lugar a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones federales, impulsadas por el organismo en conjunto con la UFI-PAMI.
Para hacer frente a esta problemática, el PAMI implementó un esquema de control que combina distintas herramientas: monitoreo permanente de los umbrales prestacionales, uso obligatorio del turnero digital del organismo, auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores y penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados.
Desde el organismo aclararon que las bajas dispuestas no afectarán la continuidad de los tratamientos de los afiliados y remarcaron que el objetivo central de todas estas medidas es garantizar prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado que proteja a los más de cinco millones de beneficiarios que dependen del PAMI para acceder a la salud.