Una sentencia reciente del Tribunal Constitucional de la República Checa ha otorgado a Praga (y a cualquier otra ciudad del país) la autoridad para aplicar su propia legislación en materia de juego, independiente de la política nacional.
El tribunal ha confirmado que la capital tiene el derecho legal de regular el juego a nivel municipal y distrital, aunque ello suponga contravenir la legislación nacional.
Esta decisión llega tras una lucha legal entre el Ministerio del Interior, la Autoridad de Competencia Checa y el Ayuntamiento de Praga, y puede tener consecuencias a largo plazo tanto para la industria del juego como para las políticas públicas del país.
El planteamiento fragmentado de Praga
El centro del problema es una ordenanza aprobada por Praga que prohíbe en la ciudad todos los «juegos técnicos», una categoría que incluye las máquinas tragaperras. La normativa también permite a los 57 barrios de Praga decidir su postura sobre otros formatos de juego, incluidos juegos en vivo como el póker o la ruleta.
Los resultados fueron determinantes: 41 barrios optaron por prohibir por completo los juegos presenciales, mientras que otros implantaron estrictas restricciones temporales. Solo un puñado de barrios permitieron a los casinos y negocios con juegos con crupier en vivo continuar ejerciendo su labor sin apenas restricciones.
Para Praga, este planteamiento responde a una política de salud pública y planeamiento urbano. Todo aquello relacionado con los juegos de casino se asocia a problemas sociales, lo que incluye ebriedad, comportamientos inadecuados y adicción. Para las autoridades nacionales, sin embargo, la decisión del municipio ha creado una red de normas incoherentes, que, en su opinión, socava los principios de regulación nacional.
Un desafío legal
En respuesta a la ordenanza del juego de Praga, el Ministerio del Interior y la Autoridad de Competencia Checa contraatacaron, arguyendo que el sistema era discriminatorio hacia los propietarios de licencias de juego, presenta unas condiciones de competencia injustas entre negocios de diferentes barrios y contraviene el propósito de un marco nacional armonizado en materia de juego.
Un tribunal suspendió en primera instancia la ordenanza de Praga. Sin embargo, en una sentencia firme pronunciada este mismo mes, el Tribunal Constitucional rechazó los argumentos del Ministerio y levantó la suspensión. Según la sentencia, los municipios checos tienen derecho a establecer su normativa de juego según la legislación del país.
Solo uno de los jueces estuvo en desacuerdo: según Milan Hulmák, no existe una motivación clara ni una justificación objetiva para tener leyes diferentes en función de cada barrio. Sin embargo, prevaleció la opinión mayoritaria, que otorga a Praga el control permanente sobre la legislación local en materia de juego.
Implicaciones para los operadores
Para los negocios dedicados al juego, la ordenanza plantea ciertas complejidades operativas. Una empresa con diferentes locales en Praga ahora se verá obligada a cumplir diferentes normativas en función de la ubicación de sus negocios: en un barrio, podrá abrir un local durante ciertas horas; en otro, tendrá prohibido ofrecer cualquier tipo de juego. Además, es posible que los gobiernos de ciertos barrios todavía no hayan establecido sus restricciones, lo que obligará a los operadores a cerrar, reubicar o cambiar el horario de algunos de sus locales.
La Autoridad de Competencia Checa ya ha indicado su preocupación al respecto, advirtiendo que la ordenanza podría aumentar el coste de cumplimiento y crear nuevas cargas administrativas para los operadores con licencia.
Un modelo replicable
Aunque Praga es única en términos de dimensiones y número de barrios, el principio legal impuesto en la capital podría aplicarse a otros municipios del país. Pueblos y ciudades que quieran introducir controles locales más estrictos sobre el juego podrán seguir el ejemplo de Praga, y estarán en su derecho a hacerlo.
Ello podría derivar en una legislación cada vez más localizada, con restricciones diferentes en función del código postal. Y no está claro si ello supondrá una mejor supervisión pública o un auténtico caos normativo.
Evasión fiscal y escrutinio público
La ordenanza llega en un momento en el que el sector del juego está bajo la lupa. En febrero, la Administración Financiera de la República Checa anunció la recuperación de más de 540 millones de coronas checas (22 millones de euros) que habían sido objeto de evasión fiscal durante el periodo 2021–2022 por parte de empresas relacionadas con el juego.
Las autoridades emplearon herramientas de análisis para registrar comportamientos irregulares y anomalías financieras, lo que reveló ingresos no declarados y patrones sospechosos en múltiples operadores.
Dada esta situación, es muy posible que el escrutinio del sector se prolongue, y ya no solo por parte de los legisladores, sino también de las autoridades fiscales. A los gobiernos municipales como el de Praga, la decisión del tribunal les ofrece una mayor flexibilidad para alinear la normativa en materia de juego con las preocupaciones locales, como el ruido, la decadencia de los barrios y la ludopatía.
Para acabar...
Emplear un modelo regulatorio regional tiene sus pros y sus contras. Descentralizar cualquier política puede ayudar a las comunidades a hacer lo que consideren mejor para ellas, pero también puede provocar quebraderos de cabeza logísticos, ya que la normativa puede cambiar de una ciudad a otra o incluso de un barrio a otro. Solo el tiempo nos dirá si el modelo checo resulta beneficioso para la gente o no.