La reciente decisión del Gobierno Nacional de derogar 973 normas del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), en el marco del plan de “simplificación productiva”, generó opiniones divididas dentro del sector.
Si bien algunos productores y técnicos consideran que varias disposiciones estaban en desuso y su eliminación puede ayudar a reducir la burocracia, expertos advierten que la magnitud de la desregulación podría generar vacíos críticos en materia de control y trazabilidad, pilares esenciales para garantizar la autenticidad del vino argentino.
Un especialista consultado por Nueva Rioja —con amplia trayectoria en la industria— explicó que el punto más preocupante es la posible afectación del sistema de trazabilidad del vino, que históricamente ha sido uno de los más sólidos del país.
“El problema es que se eliminaron normas que regulaban el registro de viñedos y el control del ingreso de uva a bodega. Eso permitía verificar que el vino efectivamente se produce con uva y no con otros derivados. Sin esos pasos intermedios, el control se debilita y se corre el riesgo de adulteración”, detalló.
El experto señaló además que el Sistema de Ingreso de Uva (SIU) —clave para medir el volumen, grado y rendimiento de la materia prima— “era la base de la trazabilidad, porque permitía cruzar datos entre finca y bodega”. Sin ese registro, advirtió, el INV podría quedar limitado a controles posteriores, cuando el producto ya está en el mercado.
“Se pierde la garantía de origen. Hoy el consumidor confía en el vino argentino porque sabe que está controlado desde el viñedo hasta la botella. Si se rompe ese circuito, se pone en juego todo el prestigio construido durante décadas”, expresó.
En cuanto a los aspectos positivos, reconoció que la actualización normativa era necesaria. “Había disposiciones obsoletas que entorpecían los procesos productivos y administrativos. Nadie cuestiona que debía ordenarse, pero la forma en que se hizo genera preocupación. Una cosa es simplificar y otra muy distinta es desregular sin un análisis técnico profundo”, subrayó.
La medida, publicada por el Gobierno Nacional como parte de su programa de desburocratización y desregulación, impacta de lleno en las provincias vitivinícolas, entre ellas La Rioja, donde la vitivinicultura no solo es una industria clave sino también parte del patrimonio cultural.

Desde el sector esperan que se revise la normativa y se restablezcan los mecanismos de control que garanticen la trazabilidad del vino argentino sin frenar la modernización administrativa.