La iniciativa, coordinada por la Dirección General de Adultos Mayores y la UPAM, responde a la necesidad de actualizar el marco normativo vigente, que data del año 2014 y ha quedado desfasado ante las nuevas realidades demográficas y sociales.Según explicó Marcela Fernández, directora de la UPAM, el anteproyecto de ley se distingue por ser una construcción federal e interdisciplinaria. “Generamos un proceso para crear una nueva ley que sea acorde a los desafíos actuales de la vejez”, destacó Fernández, al tiempo que subrayó que la normativa original, la Ley 9.623, había perdido vigencia técnica.
El pilar fundamental de esta propuesta es la plena adecuación a la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Dado que la provincia ha otorgado rango constitucional a este tratado internacional, la nueva ley funcionará como una herramienta de armonización jurídica y operativa.
Tras la presentación formal realizada por el Ministerio de Desarrollo Social ante la Asesoría General de Gobierno, el texto se encuentra actualmente en manos del Poder Ejecutivo. La expectativa ahora reside en su pronta remisión a la Cámara de Diputados, donde se espera que el trabajo interdisciplinario encuentre el eco legislativo necesario para su sanción definitiva.