El caso se inició a partir de la denuncia presentada por su ex pareja, quien relató una serie de episodios ocurridos el 5 de enero de 2025, en los que el denunciado la habría amenazado de muerte y puesto en riesgo su integridad física.
Según la investigación, ese día el imputado mantuvo una discusión con la víctima en su domicilio del barrio Antártida Norte y, tras ingerir medicación, la obligó a subir a su vehículo, donde la amenazó diciendo que “la mataría y luego se quitaría la vida”. Posteriormente, la mujer logró escapar y pedir auxilio en una vivienda cercana. Más tarde, el acusado se dirigió al domicilio del padre de la denunciante, donde continuó con las amenazas, manifestando que “quemaría su departamento”.
La jueza Díaz Marano valoró los testimonios de la víctima, de familiares y vecinos, así como los informes psicológicos y sociales elaborados por el C.A.T.I.U., que acreditaron un contexto de violencia de género y un alto nivel de riesgo para la denunciante y su grupo familiar. La magistrada subrayó que el relato de la víctima fue coherente y consistente, y que las pericias confirmaron que los hechos denunciados corresponden a experiencias efectivamente vividas.
En su resolución, la magistrada dictó además medidas de protección a favor de la denunciante, entre ellas:
- Prohibición de acercamiento al domicilio, lugar de trabajo y espacios de concurrencia habitual por un radio de 200 metros.
- Prohibición de comunicación por cualquier medio directo o indirecto.
- Cese de todo acto de perturbación o intimidación, por un plazo de 120 días prorrogable.
- La jueza también confirmó la excarcelación, al no advertir riesgos procesales, y ordenó trabar embargo sobre los bienes del procesado para responder a eventuales costas y pena pecuniaria.