Fiama, una de las víctimas, confirmó que la Policía les notificó formalmente la medida: “La policía nos notificó este miércoles y nos indicaron que tiene restricciones para acercarse a nosotras. Eso es todo hasta ahora”.
El caso salió a la luz cuando una de sus compañeras de alquiler encontró una cámara escondida y una memoria con miles de archivos. “Mi compañera descubrió más de 4.000 videos”, relató la joven, quien aseguró que las grabaciones estaban instaladas en espacios íntimos: “Las cámaras estaban ubicadas en la habitación y apuntaban a la cama”.
Fiama explicó que ni ella ni las otras damnificadas mantenían un vínculo personal con el denunciado más allá de la relación contractual: “Nosotras teníamos una relación entre locador y locatario, nada más. Él es muy conocido acá en La Rioja porque hace departamentos”.
El temor por el destino del material sigue siendo el principal motivo de angustia. “Tenemos miedo de que haya vendido nuestros videos”, expresó, en referencia a la posible circulación o comercialización de las imágenes tomadas sin consentimiento.
La joven también confirmó que en los allanamientos “se secuestraron varios aparatos tecnológicos”, cuyos contenidos están siendo analizados por los investigadores.

Tras el descubrimiento, las víctimas decidieron abandonar de inmediato el departamento ante la situación de vulnerabilidad. “El día en el que descubrimos que nos filmaba nos fuimos inmediatamente: una de las chicas se fue a lo de una amiga, otra a la casa de familiares en el interior y yo, por suerte, tengo donde ir acá en La Rioja”, detalló.
Mientras tanto, la medida de restricción busca garantizar su protección mientras la Justicia define los próximos pasos en una causa que ya acumula múltiples denuncias y que aún no tiene imputaciones formales.