Sostienen que la medida atenta contra la dignidad de los trabajadores y forma parte de una política de ajuste que afecta a los sectores más vulnerables.
Denunciaron el impacto de la quita de subsidios, el encarecimiento de tarifas y los despidos masivos en el Estado nacional.
Solicitaron a las autoridades provinciales no replicar estas políticas y garantizar aumentos salariales acordes a las necesidades del sector.