Luego de semanas de tensión por el uso de la línea eléctrica de 500 kV en San Juan, el conflicto entre empresas mineras y organismos públicos comienza a encaminarse hacia una posible solución que podría cambiar el esquema original: que sea el Estado sanjuanino quien administre el excedente de energía y no una empresa privada.

La novedad se da en un escenario que La Rioja sigue de cerca, luego de haber expresado su rechazo al esquema que otorgaba prioridad a la empresa Vicuña sobre gran parte de la capacidad de transporte de la línea Nueva San Juan–Rodeo.

El reclamo de La Rioja y el impacto regional

Tal como informó este medio en publicaciones anteriores, la postura riojana se apoyó en la preocupación por el impacto que una asignación casi exclusiva de la infraestructura podría tener sobre futuros desarrollos productivos y mineros en la región.
Ese planteo fue acompañado por otras empresas del sector, como Los Azules, Casposo y Hualilán, además de municipios sanjuaninos, que también advirtieron sobre el riesgo de concentración en el uso de una infraestructura estratégica.

Ante ese escenario, avanzan negociaciones para modificar el esquema inicial. El punto central es que la energía excedente de la línea no quede bajo control de Vicuña, sino que sea administrada por el Estado de San Juan.
Para La Rioja, este cambio resulta clave, ya que implica que la asignación de capacidad futura podría quedar sujeta a decisiones públicas y no exclusivamente privadas, abriendo la posibilidad de un acceso más equitativo para otros proyectos.

Una discusión de fondo: quién controla la energía

El conflicto puso en evidencia una discusión más amplia que excede a San Juan: quién controla la infraestructura energética vinculada a la minería y cómo se garantiza el acceso a nuevos emprendimientos.
En ese marco, desde La Rioja se viene advirtiendo sobre la necesidad de evitar esquemas que condicionen el desarrollo regional, especialmente en un contexto donde la provincia busca posicionarse en el mapa minero.
El proyecto Vicuña, con fuerte demanda energética, había impulsado un esquema de prioridad que generó resistencias por su posible impacto a largo plazo en la planificación del sistema.
El nuevo esquema en discusión deberá ser analizado en audiencia pública convocada por el ENRE, donde se pondrán en consideración las distintas posiciones.
Para La Rioja, el desenlace será clave: no solo por el acceso a la infraestructura eléctrica, sino también por el impacto que tendrá en su estrategia de desarrollo minero y productivo en los próximos años.