También intervino Asuntos Internos y se radicó una denuncia judicial para investigar posibles vulneraciones de derechos y garantías constitucionales.
El Ministerio de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, junto con la Policía de la Provincia, informó que se dispusieron medidas administrativas e institucionales de manera inmediata tras una denuncia pública por un presunto mal accionar policial durante un procedimiento realizado en la localidad de Ulapes.
Según se indicó oficialmente, el operativo se desarrolló en el marco de la investigación de un hecho de robo denunciado por un vecino de esa localidad el pasado 15 del corriente mes. A partir de los cuestionamientos surgidos sobre la actuación policial, las autoridades provinciales decidieron avanzar con una serie de acciones preventivas mientras se esclarecen los hechos.
Asimismo, se confirmó la presentación de una denuncia ante la Quinta Circunscripción Judicial por una presunta vulneración de derechos y garantías constitucionales de personas que se encontraban residiendo circunstancialmente en la zona y que, al momento del procedimiento, eran consideradas las principales sospechosas del hecho investigado.
En ese contexto, se resolvió apartar de sus funciones a los titulares de la dependencia policial que intervino en el operativo y designar nuevas autoridades, quienes ya asumieron sus cargos.
Además, se dispuso el apartamiento preventivo de cinco efectivos policiales que habrían participado en los hechos que actualmente son objeto de investigación.
Por otra parte, las autoridades ordenaron la intervención inmediata de un equipo de la Dirección General de Asuntos Internos, organismo que tendrá a su cargo la investigación para determinar eventuales responsabilidades administrativas y disciplinarias de los funcionarios involucrados.
Desde el Ministerio de Seguridad y la Policía de la Provincia remarcaron que las medidas adoptadas buscan garantizar la transparencia institucional y el respeto irrestricto a la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, las leyes vigentes y los derechos fundamentales de las personas.
En el comunicado oficial, las autoridades señalaron que la confianza de la ciudadanía constituye uno de los pilares fundamentales de las instituciones y aseguraron que continuarán trabajando con responsabilidad, profesionalismo y apego a la legalidad.
Asimismo, destacaron que toda actuación será investigada con la seriedad y objetividad necesarias para esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.