La madre de la pareja de Nahuel Agustín Gallo, el gendarme argentino detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024, irrumpió esta semana en una reunión de diputados oficialistas de la Asamblea Nacional para exigir la liberación inmediata del ciudadano, cuya situación la familia considera una desaparición forzada tras más de 430 días de incomunicación total.
Yalitza del Valle García, abogada y suegra de Gallo, logró ingresar en el recinto durante la ceremonia de apertura parlamentaria y, ante la mirada de legisladores chavistas, narró una cronología de hechos que ha marcado la vida de la pareja y su hijo pequeño desde aquella detención en la frontera con Colombia. Según su relato, Gallo –quien viajó con todos los documentos en regla y una carta de invitación visada por ella– fue arrestado sin explicaciones claras mientras se dirigía a Puerto La Cruz, donde lo esperaban su pareja, María Alexandra Gómez, y su hijo de pocos años.
García aseguró que desde su detención no existe comunicación oficial con el gendarme, que no ha recibido visitas familiares y que la familia no ha tenido acceso a defensa privada. “Su único delito fue ser argentino”, afirmó, subrayando que Gallo no ingresó a Venezuela en funciones oficiales sino como un ciudadano común que visitaba a su familia.
Durante su intervención, la abogada también denunció la difusión de versiones oficiales sin sustentos, que lo vincularon a supuestos planes violentos contra figuras del régimen, acusaciones que ella calificó de “completamente falsas”. “Dijeron que venía a matar a Delcy Rodríguez, que traía armas… todo mentira”, insistió García ante los parlamentarios.
La exigencia de respuestas por parte de la familia se extiende más allá de Caracas. En distintos foros internacionales y judiciales, el caso de Gallo cobró atención: organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han alertado sobre el estado de “situación de gravedad y riesgo” de su integridad, reclamando que el régimen chavista brinde información veraz sobre su paradero y permita el contacto con sus familiares.
La respuesta venezolana sobre la situación del gendarme fue siempre poca o ambigua. Caracas insistió en versiones que implicaban a Gallo en supuestas acciones desestabilizadoras, incluso atribuyéndole planes contra funcionarios de alto rango, alegatos también rechazados por su familia y por el Gobierno argentino.
La situación diplomática entre Argentina y Venezuela se tensó desde el inicio. Buenos Aires presentó denuncias ante organismos internacionales y calificó la detención de “arbitraria” y constitutiva de violaciones a normas internacionales, incluyendo reclamos ante la Corte Penal Internacional y organismos de derechos humanos.
En su intervención en la Asamblea, García también relató episodios de hostigamiento y vigilancia que, según dijo, enfrentó ella y su hija en territorio venezolano, incluyendo seguimientos sin explicación oficial y patrullas frente a su domicilio. La suegra de Gallo afirmó que estos hechos profundizaron la incertidumbre familiar y la impotencia ante la falta de información sobre el paradero del gendarme.
Mientras tanto, la familia continúa reclamando medidas de organismos internacionales, apoyo diplomático y la liberación inmediata de Gallo. Su caso sigue siendo un punto crítico en las relaciones entre Argentina y Venezuela, con repercusiones en política exterior, derechos humanos y la agenda de justicia internacional.
Fuente: El Esquiú