Según se comunicó oficialmente, autoridades provinciales y representantes de la firma mantuvieron una reunión en la que acordaron avanzar en un esquema conjunto que permita restablecer las actividades que la compañía desarrolla en territorio riojano.
El encuentro se dio en un contexto de alta tensión, marcado por el corte que vecinos mantienen sobre Ruta Nacional 40 en Guandacol y por las disputas judiciales entre La Rioja y San Juan en torno al uso del corredor vinculado al emprendimiento.
De acuerdo al parte oficial, ambas partes coincidieron en la necesidad de compatibilizar el desarrollo de la actividad minera con el cumplimiento de las exigencias ambientales y el impacto en las comunidades locales.
En ese marco, se planteó avanzar en aspectos clave como las declaraciones de impacto ambiental, los mecanismos de control y monitoreo, así como también en iniciativas orientadas a promover empleo local, fortalecer la participación de proveedores riojanos y desarrollar obras de infraestructura.
Además, desde la empresa manifestaron su intención de retomar en lo inmediato tareas vinculadas al mantenimiento del camino y otras actividades operativas que involucran a trabajadores y firmas locales, aunque esto dependerá de la evolución de las actuaciones judiciales en curso.
Un conflicto que sigue activo
El anuncio se produce mientras continúa el corte en Guandacol, con modalidad intermitente. La protesta se sostiene como una de las principales expresiones del conflicto en el territorio, en paralelo a las definiciones políticas y judiciales.
En las últimas horas, el caso también escaló al plano nacional, luego de que el conflicto por Vicuña fuera llevado al Congreso durante el informe del jefe de Gabinete, lo que evidencia la magnitud que adquirió la disputa.
Como parte de la agenda acordada, la empresa anticipó que realizará una nueva visita a la provincia en los próximos días, instancia en la que mantendría un encuentro con el gobernador Ricardo Quintela para profundizar el diálogo y avanzar en definiciones concretas.
El Gobierno provincial, por su parte, busca mostrar una apertura a la negociación en un escenario complejo, donde confluyen reclamos locales, intereses económicos y decisiones judiciales cruzadas.