La Policía Federal de Brasil detuvo este miércoles a Ana Priscila Azevedo, considerada una de las organizadoras del asalto a las sedes de los tres poderes del Estado el domingo pasado en Brasilia.
Según el portal Terra, la mujer es la administradora de varios grupos de Telegram con más de 30 mil seguidores, en los que convocó a manifestarse en la capital brasileña, bloquear caminos y asaltar refinerías de petróleo para “tomar el poder”. En numerosos mensajes viralizados en las redes reclama una intervención militar y armar a la población.
Quién es Ana Priscila Azevedo, señalada como una de las organizadoras del golpe de estado
Poco se sabe de Ana Priscila Azevedo. En las redes se mencionó que era empleada del banco Bradesco, pero la entidad lo desmintió.
Un día antes de la intentona golpista, volvió a llamar desde sus redes sociales a “sitiar” las sedes de las instituciones y pidió unirse a las “caravanas llegadas de todo Brasil” que harán “caer a Babilonia”.
Su presencia en videos e imágenes durante el asalto son numerosas, según la prensa brasileña. En distintas imágenes se la ve en la rampa del Congreso, el Palacio del Planalto y hasta en el campamento que se levantó cerca del cuartel general del Ejército, donde cientos de personas se instalaron a la espera de un golpe militar tras el triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en el balotaje del 30 de octubre.
La justicia investiga a empresarios y amigos de políticos como instigadores del golpe
En tanto, la justicia tiene en la mira a empresarios, coleccionadores de armas y amigos de políticos como financistas de la intentona golpista.
La Policía mantiene 727 personas detenidas por su presunta participación directa en las acciones que buscaron derrocar al presidente Lula da Silva y devolver por la fuerza a Bolsonaro al poder.
El ministro de Justicia, Flávio Dino, dijo el lunes que ya tenían identificados a posibles financiadores en 10 de los 27 estados brasileños.
Esas primeras pesquisas se centran en aquellos que organizaron el transporte de los radicales bolsonaristas a través del alquiler de decenas de autobuses, que, después del violento episodio del domingo, fueron incautados por orden del Supremo. Sin desvelar nombres, el ministro señaló que entre esos financiadores hay “comerciantes locales” y empresarios vinculados al “sector agrícola”.
También hay coleccionadores de armas y cazadores, un grupo que en Brasil se conoce como los “CACs” y que durante la gestión de Bolsonaro se vieron favorecidos con medidas que facilitaron la compra de armamento a la población civil, reportó EFE.
Según Dino, la mayoría de esos financiadores son del sur, centro y oeste y sureste de Brasil, regiones que votaron mayoritariamente a Bolsonaro en la segunda vuelta de las elecciones del 30 de octubre, que Lula ganó por una ajustada diferencia de 1,8 puntos.
La justicia investiga además la rama política del intento golpista
Según la prensa local, el dueño de uno esos autobuses que inundaron la capital con miles de bolsonaristas es un empresario vinculado con la diputada Carla Zambelli, amiga del exmandatario y uno de los máximos referentes de la ultraderecha brasileña.
El Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que integra la base parlamentaria del Gobierno de Lula, solicitó a la Corte Suprema que sean investigados “once congresistas” federales y regionales por “incitar” a los manifestantes bolsonaristas a atacar las sedes de los poderes del Estado.
La formación izquierdista denuncia que esos parlamentarios, entre los que se encuentran el senador Magno Malta y los diputados federales Ricardo Barros, Carlos Jordy, Silvia Waiãpi, José Medeiros y Marcio Tadeu, “apoyaron en sus redes sociales las acciones terroristas”, y pide que se esclarezca su responsabilidad.
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