Miles de peruanos tomaron hoy las calles de diversas ciudades, incluida Lima, para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y clamar por unas prontas elecciones que le pongan fin a la crisis política que acumula cerca de 60 muertos en dos meses.
“Dina, asesina, el pueblo te repudia”, fue el cántico más repetido por los manifestantes, que también expresaban su rechazo al Congreso, responsable de que las elecciones no se puedan hacer este año, como quería incluso el Gobierno.
MARCHA EN PERÚ
La movilización, una de las más concurridas de las varias hechas desde que Boluarte asumió el 7 de diciembre en reemplazo del presidente destituido por el Congreso, Pedro Castillo, fue convocada esta vez por la Confederación General de Trabajadores del Perú, pero contó con participación de múltiples organizaciones populares que están en pie de lucha contra el Ejecutivo y el Legislativo.
En Lima, convertida en los últimos días en el epicentro de las mayores protestas, la multitudinaria marcha comenzó en la céntrica plaza Dos de Mayo y avanzó con dirección a otros puntos históricos, en medio de un resguardo compuesto por más de 12.000 miembros de las Fuerzas Armadas.
Esta vez, las Fuerzas Armadas, con la Policía en primera línea, tomaron temprano control de sitios estratégicos en un área más amplia de la habitual y prohibieron incluso el tránsito de personas que nada tenían que ver con la protesta.
Pese a la extrema tensión, hasta caer la noche no se habían presentado incidentes graves, aunque sí algunos choques en torno a la avenida Abancay, en la que está el Congreso.
Cerca de ese punto, hace dos semanas, la Policía le dio muerte a un manifestante de 55 años, la única víctima mortal hasta ahora en Lima. Las autoridades trataron de presentar la muerte como producto de piedras causadas por otros manifestantes, pero videos permitieron observar un disparo a quemarropa de la policía con un lanzador de bombas lacrimógenas.
Sí había enfrentamientos mayores en cambio, con por lo menos 13 heridos -tres de aparente gravedad-, en la sureña ciudad de Juliaca, cercana a la frontera con Bolivia, donde además se conmemora hoy un mes de la muerte de 17 personas baleadas por policías durante una toma del aeropuerto.
“La sangre derramada jamás será olvidada”, coreaban los manifestantes que intentaron tomar de nuevo el aeropuerto de Juliaca, grito que se extendía por diversos puntos del país, en especial en el sur, donde se han registrado la mayoría de las muertes.
En el departamento sureño de Apurímac, del que es natural Boluarte, pero donde hay un fuerte rechazo a su figura, se reportaron ataques a sedes públicas. Las movilizaciones se sucedían además en ciudades de sierra, costa y selva.
Según la Defensoría del Pueblo, 47 civiles han muerto desde el 7 de diciembre en los choques con las Fuerzas Armadas, varias de ellos a bala o con otros proyectiles, a pesar de que Boluarte asegura que dio orden de no disparar. También murió un policía incinerado en su patrullero, mientras que otras 11 personas fallecieron en hechos colaterales.
En Lima, era protagónica hoy, como en las últimas semanas, la presencia de personas llegadas de diversos puntos del Perú, en especial campesinos, para sumarse a las protestas desde la propia capital.
“Llegué desde diciembre y no me iré hasta que se largue la usurpadora Dina”, le dijo a Télam Paula, una campesina del departamento de Puno, quien señaló que se mantiene con envíos de dinero que le hacen sus tres hijos, ya adultos.
“Nos tienen que escuchar, nunca nos han escuchado. Ellos solo saben matar, nunca hacen nada por el pueblo”, agregó Policarpo, agricultor del departamento de Cusco.
Un número no precisado de personas llegadas de fuera de Lima pernoctan en casas de familias, en hospedajes de bajo costo o incluso en los parques, mientras se alimentan con arroz con trozos de pollo y otros potajes que consiguen mediante el aporte común.
ELEGIDA DIJO QUE NO RENUNCIARÁ
Boluarte, quien fue elegida vicepresidenta en la fórmula de Castillo a nombre del partido marxista leninista Perú Libre, pero que desde que asumió el poder se ha apoyado más en las fuerzas de derecha que controlan el Congreso, ha dicho reiteradamente que no renunciará.
Según ella, quienes piden su dimisión son “una minoría de extremistas”, a pesar de que las encuestas señalan que bordea 17 % de aprobación y 74 % de desaprobación.
El Gobierno y sus aliados dicen que los incidentes son promovidos por “terroristas” financiados por el narcotráfico, la minería ilegal e incluso por bolivianos seguidores del expresidente Evo Morales, pero no aportaron ninguna prueba al respecto.
La mandataria, una abogada quechuahablante de 60 años, ha clamado por la paz, pero no ha sido proactiva en la búsqueda de diálogo y de salidas, más allá de insistir ante el Congreso que se adelanten las elecciones, que originalmente deberían celebrarse en 2026.
El Congreso aprobó anticipar las elecciones para 2024, pero ante el clamor popular revisó varios proyectos, incluido uno del Ejecutivo, para hacerlas en octubre. Empero, todas esas propuestas fueron derrotadas y ya no habrá elecciones este año, con lo que la realización de los comicios en este momento una incógnita.
En ese marco, la única salida para que haya elecciones pronto es que Boluarte renuncie, pues sí lo hace tendrá que ser reemplazada por el jefe del Congreso, el derechista José Williams, quien sí estaría obligado a realizar elecciones en aproximadamente seis meses.
Los proyectos han quedado entrampados en medio de la oposición de la derecha dura, que se opone a cualquier adelanto electoral -con excepción del fujimorismo, que sí apoya elecciones prontas-; de la centroderecha, que dice que se necesitan hacer reformas antes, y de la izquierda, que condicionó el respaldo a que se celebre también un referendo para una Asamblea Constituyente.
“Lo que quieren (los congresistas) es quedarse hasta 2026, dijo el legislador independiente de centroderecha Carlos Anderson, quien sí es partidario de elecciones prontas.
Para el analista César Hildebrandt, Boluarte y el Congreso están tratando de generar las condiciones para eludir las elecciones anticipadas, aunque advirtió que lo harán sacrificando la democracia, pues solo mediante una desmedida represión se podría acallar la voz popular.
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