Un juez dispuso la paralización de la actividad minera aurífera en dos ríos de la Amazonía boliviana como "medida cautelar" en un proceso que presentaron varios pueblos indígenas contra algunas autoridades nacionales y locales. El fallo llega a consecuencia de los niveles de contaminación de esas aguas por el uso de mercurio.
En el último tiempo, el uso de mercurio por parte de los mineros cooperativistas para la extracción de oro en los ríos de la Amazonía boliviana ha generado una amplia discusión.
El Gobierno de Luis Arce aprobó el mes pasado un decreto para regular el uso de mercurio en la minería y hace unos días anunció que alista otras dos normas para proteger la salud humana de la contaminación por mercurio.
La decisión, que surgió de una corte de la población de Rurrenabaque, en el departamento amazónico de Beni, es un "hito histórico" ya que añade la "intervención de la fuerza pública" para el cumplimiento de la medida cautelar, dijo la abogada Gabriela Sauma, que representa a la Central Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap).
La paralización de los trabajos mineros en los ríos Madre de Dios, en Pando, y el río Beni, en el límite del departamento del mismo nombre y La Paz, durará hasta que una audiencia prevista para principios de septiembre resuelva el fondo de una acción popular que presentó la organización indígena.
El recurso judicial se presentó a principios de este mes por los pueblos tacana, uchupiamonas, ese ejja, tsimanes y mosetén, agrupados en la Cpilap, que habitan cerca de esos ríos.
Estudios que avalaron la medida
La medida se basa en el estudio que hace poco presentó el Cpilap y que reveló los altos niveles de mercurio hallados en el cabello de personas de 36 comunidades indígenas afectadas por la minería y el consumo de peces contaminados.
La acción popular está dirigida contra los ministros de Medio Ambiente y Agua, René Méndez, y de Minería, Marcelino Quispe; el director de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) de La Paz, Álvaro Antezana, el gobernador de ese departamento, Santos Quispe, y otros dos funcionarios de la Gobernación paceña.
La abogada consideró que la minera aurífera en los ríos de la Amazonía ha "lesionado" los derechos de los pueblos indígenas, ya que estos "no han sido consultados" para que se realice esa actividad en su territorio, como establecen las leyes bolivianas.
Hace unas semanas, los mineros auríferos dieron un ultimátum al Gobierno para que hasta el 21 de este mes responda a los pedidos de legalización en las zonas de explotación. Ante esto, la Cpilap se declaró en "emergencia" y en defensa de sus territorios, ante lo que consideraron es un intento de los mineros para extender la explotación aurífera inclusive en áreas protegidas.
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