La reciente sanción de la Ley 27.802 abrió un nuevo frente de disputa en la Justicia, donde dos fueros se disputan la competencia sobre la causa que suspendió parte de la norma. En este contexto, la cautelar presentada por la CGT continúa vigente, frenando la aplicación de 81 artículos.
El primer fallo fue dictado por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, que hizo lugar a una medida urgente al considerar que existían fundamentos suficientes para cuestionar la constitucionalidad de la ley. Entre los argumentos, se apoyó en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que protegen los derechos laborales.
Frente a esto, el Estado nacional apeló la decisión ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y, en paralelo, planteó que el caso debía ser tratado en el fuero contencioso administrativo federal. En esa línea, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 12 se declaró competente, generando un conflicto judicial entre ambos fueros.
Mientras se resuelve esta disputa, la cautelar continúa en plena vigencia. Esto se debe a que el juzgado laboral fue el primero en intervenir, lo que le otorga prioridad procesal. Según especialistas, levantar la medida en este contexto implicaría adelantar una decisión de fondo sin resolver antes la cuestión de competencia.
Uno de los puntos más sensibles es el artículo 79 de la propia ley, que establece que las causas donde intervenga el Estado deben tramitar en el fuero contencioso administrativo. Este aspecto es cuestionado por el fuero laboral, que lo considera potencialmente inconstitucional, aunque aún no hay una declaración formal al respecto.
La definición clave ahora está en manos de la Cámara Nacional del Trabajo, que deberá resolver tanto la apelación como el conflicto de competencia. Su decisión podría inclinar la balanza y, en caso de fallos contradictorios entre fueros, el caso podría escalar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El escenario judicial sigue abierto y con alto impacto político y social, ya que lo que está en juego no es solo la validez de la reforma, sino también qué tribunal tiene la potestad de juzgarla.
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