A través de un comunicado, la entidad sostuvo que la medida genera “un impacto negativo en el sector vitivinícola argentino”, además de afectar la institucionalidad del sistema y poner en riesgo la continuidad de una planificación estratégica que, según remarcaron, permitió sostener el desarrollo de la actividad durante más de dos décadas.
Desde CARPA señalaron que adhieren a la postura de Coviar frente a la decisión nacional y advirtieron sobre las consecuencias que podría tener para la producción vitivinícola y las economías regionales.
El pronunciamiento se da luego de que distintas entidades vinculadas al sector expresaran preocupación por la eliminación de los aportes obligatorios que financiaban el funcionamiento y las acciones estratégicas impulsadas por Coviar.
La COVIAR se mostró sorprendida por la eliminación de los aportes obligatorios de las bodegas.
El presidente de la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR), Fabián Ruggeri, expresó sorpresa por la decisión del Gobierno nacional de dar por finalizado el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI) y eliminar las contribuciones obligatorias que financiaban su funcionamiento.
“La verdad que bastante sorprendido. Hemos estado en contacto con la gente de Nación hasta hace muy pocos día y no sabíamos absolutamente nada de eso”, afirmó en una entrevista, donde confirmó que la entidad se encuentra “en plena evaluación del texto” para definir los pasos a seguir.
Ruggeri defendió el balance del plan iniciado en 2004 y rechazó los cuestionamientos oficiales sobre su eficacia. “Creo que ha sido absolutamente exitoso”, sostuvo, al destacar la expansión territorial de la actividad, el posicionamiento internacional del vino argentino y la consolidación del Malbec como variedad emblemática.
En esa línea, remarcó que el PEVI permitió pasar de “4 o 5 provincias vitivinícolas” a un esquema con presencia en 18 distritos, además de impulsar el enoturismo y la promoción externa del sector.
Frente a la eliminación del aporte obligatorio, el dirigente evitó anticipar definiciones sobre la continuidad operativa de la corporación. “No lo sé porque no sé cómo vamos a seguir adelante”, señaló, al tiempo que subrayó que el financiamiento del esquema “lo solventa la industria” sin requerir recursos estatales.
La medida oficial impacta sobre un presupuesto anual que rondaba entre 1.100 y 1.200 millones de pesos, cuya evolución futura quedó en incertidumbre tras el cambio normativo.
En respuesta a las críticas difundidas desde el Gobierno, particularmente sobre el cumplimiento de metas de exportación, Ruggeri calificó esos cuestionamientos como “un simplismo” y sostuvo que la corporación no tiene injerencia directa en las ventas externas. “Las exportaciones las hacen las empresas privadas. Lo que genera el plan estratégico son las opciones y las oportunidades”, explicó, al rechazar la caracterización oficial del aporte como un mecanismo distorsivo.
El titular de COVIAR también negó que el conflicto responda a internas sectoriales y planteó que las diferencias entre actores de la industria forman parte de su dinámica habitual. A su vez, consideró que el trasfondo de la decisión es “ideológico” y no político.
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