En su cuenta personal X (ex Twitter), el mandatario riojano anunció las acciones por parte del Gobierno provincial: “No vamos a mirar para otro lado cuando se vulneran derechos tan básicos como el acceso a una pensión por discapacidad”. “Junto a un equipo de abogados de la provincia, estamos acompañando legalmente a cada riojana y riojano a la que el gobierno nacional le suspendió injustamente su pensión. Ya presentamos los amparos judiciales y esperamos respuestas en los próximos días”, expresó Quintela.
“Vamos a estar del lado de quienes más lo necesitan, defendiendo sus derechos frente a un modelo que ajusta sin mirar a quién deja atrás”, el Gobernador.
Tras la promulgación de las ley 27.793 que declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de ducuenbre del 2026, el Gobierno de Javier Milei suspendió su ejecución. Esto sucede luego de que la ley haya sido vetada por el Presidente libertario y luego rechazada la medida del Poder Ejecutivo en el Congreso de la Nación. El argumento que utilizaron desde Casa Rosada es que esta será la medida hasta que se definan las fuentes de financiamiento y se incorporen las partidas correspondientes en el Presupuesto Nacional.
El Ejecutivo debió promulgar la ley tras la insistencia del Congreso con mayoría especial en ambas cámaras, en cumplimiento del artículo 83 de la Constitución Nacional. Sin embargo, el Decreto 681/2025 invoca el artículo 5 de la Ley 24.629 y el artículo 38 de la Ley 24.156, que exigen la inclusión de créditos presupuestarios y fuentes específicas para leyes con impacto fiscal.
El texto oficial, el gobierno de Milei expresó que el presupuesto vigente de la Administración Nacional “no cuenta con créditos suficientes para afrontar su aplicación”. Justificó que si se destinaran todas las partidas disponibles del presupuesto de los tres poderes del Estado al cumplimiento de la ley, “ello resultaría igualmente insuficiente para atender en plenitud las obligaciones allí impuestas”. El crédito presupuestario disponible, sin afectar partidas de servicios sociales, asciende a $2.302.526.621.430, cifra que no cubre el costo total estimado de la reforma. “Para cumplir con la ejecución de la Ley N° 27.793 sería ineludible disponer un aumento total del monto del presupuesto, el que solo puede ser autorizado por el Congreso Nacional”, señalaron en el texto.
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