La reforma en el esquema de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) propuesta por mandatarios provinciales significaría un reparto adicional de casi $ 215.000 millones, según determinó un estudio privado.
Un informe de la consultora Politkón Chaco precisó que si se hubiera aplicado la fórmula sugerida por los gobernadores para el período de enero a mayo de 2025, se tendrían que haber repartido $214.949 millones (a precios corrientes), en contraste con los $80.500 millones que se distribuyeron efectivamente.
Esta diferencia, de -$134.449 millones para el total general, indica que la mayoría de las provincias habrían recibido más fondos de los que captaron. Solo cuatro distritos —Salta, Santa Cruz, Chubut y Neuquén— recibieron más de lo que les correspondería según el esquema propuesto en dicho período.
Este lunes, los gobernadores firmaron un documento en el que se comprometieron a impulsar un proyecto de ley para que el gobierno reparta los ATN remanentes.
Los Aportes del Tesoro Nacional son transferencias del Gobierno Nacional a las jurisdicciones subnacionales, con origen en el régimen de coparticipación federal de impuestos.
Están establecidos en el artículo 5° de la Ley N.º 23.548, que destina el 1% de la masa coparticipable bruta a un “Fondo de Aportes del Tesoro Nacional” (Fondo ATN) para “atender situaciones de emergencia y/o desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales”.
Si bien la conformación de este fondo es automática, su distribución se realiza de modo “discrecional y no automática” por la autoridad de turno.
La iniciativa elevada por los mandatarios provinciales al gobierno nacional busca precisamente que la distribución de estos fondos “deje de ser discrecional y pase a hacerse en forma automática y bajo criterios de coparticipación”, proponiendo modificar el artículo 5° de la ley 23.548.
Cabe destacar que entre 2017 y 2024, solo se distribuyó el 32% del fondo ATN, y en 2024, con la actual gestión nacional, se ejecutó apenas el 7% del fondo. Según el informe de Politikon Chaco el remanente del fondo ATN sin ejecutar para el período 2017-2024, medido a precios constantes de mayo de 2025, “alcanzan los $ 4,3 billones”.
En el período enero-mayo de 2025, bajo el esquema propuesto, provincias como Buenos Aires habrían debido recibir $ 45.594 millones en lugar de los $10.000 millones que recibió, generando una diferencia negativa de -$35.594 millones.
De manera similar, Córdoba no recibió fondos, pero le habrían correspondido $18.435 millones. Por otro lado, Salta recibió $9.500 millones pero le hubieran correspondido $7.958 millones, una diferencia positiva de $1.542 millones.
En el Consejo Federal de Inversiones (CFI) se presentó un proyecto de ley que propone modificar el artículo 19 de la Ley 23.966, encargado de regular la distribución del impuesto a los combustibles, estableciendo esta nueva distribución: Tesoro Nacional: 10,40 %, Provincias: 58,36 %, Sistema Único de Seguridad Social: 28,69 %, Transporte público (Decreto 652/2002): 2,55 %.
Antes de esta propuesta, el artículo 19 establecía una distribución diferente del producido del impuesto sobre los combustibles líquidos, que se repartía de la siguiente manera: 21% destinado a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), 29% al Tesoro Nacional, 29% a las Provincias, 42% al Fondo Nacional de la Vivienda.
Al mismo tiempo, el proyecto incluye modificaciones al modo en que se distribuye el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que son transferencias que la Nación realiza para ayudar a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en situaciones especiales, como emergencias o desequilibrios financieros.
Para distribuir estos fondos, se propone respetar los criterios de la coparticipación primaria y secundaria establecidos en la Ley 23.548. Esto significa: La coparticipación primaria es la distribución inicial de recursos entre Nación y provincias según porcentajes fijos.
También, el artículo 5° modificado señala que los ATN deben destinarse exclusivamente a cubrir emergencias y desequilibrios financieros y que su reparto se haga de manera automática y diaria entre Nación, provincias y Ciudad de Buenos Aires, aplicando los criterios de prorrateo que corresponden para territorios como Tierra del Fuego y CABA.
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